El Magistrado al frente del Juzgado de Guardia en Las Palmas de Gran Canaria requirió este viernes a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, a Endesa y a la empresa Cobra para que de forma “inmediata y urgente” repusiera el suministro eléctrico a un edificio de la avenida capitalina de Rafael Cabrera al que el jueves se había cortado la luz sin previo aviso a sus moradores, cercenando, a juicio de la autoridad judicial, los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y psíquica y a la movilidad.

Un total de 56 familias se habían quedado sin electricidad ni agua en un edificio de siete plantas con ascensor en el que, entre otras personas, detalla el auto de requerimiento, viven dos usuarios de respiradores que precisan de conexión a la red para el funcionamiento de estos aparatos.

Tras practicar las diligencias pertinentes y constatar que la reposición de la energía cortada no entrañaba peligro alguno, el magistrado de guardia -el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, Arcadio Díaz Tejera-, ordenó a la Dirección General y a la empresa suministradora el restablecimiento del servicio “a la mayor brevedad”, advirtiendo que de no hacerlo podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, penado con prisión de tres meses a un año.

El Juzgado ha confirmado que el servicio fue repuesto a las 15.00 horas del viernes, en cumplimiento de la orden judicial. Según detalla el auto dictado por el magistrado de guardia, el corte del suministro lo ejecutó la subcontrata Cobra a las 17.20 horas del jueves, a requerimiento de Endesa. Endesa lo ordenó a petición de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias en base a un requerimiento previo, de 7 de septiembre, que “sólo recibió el ingeniero que hizo la obra, no la comunidad de propietarios”, subraya el auto. Es decir, a las 56 familiasse les cortó el suministro eléctrico “sin saberlo con antelación”, dejando sin funcionamiento el suministro de agua o los ascensores, por lo que, detalla el juez, los vecinos “se han quedado sin poder acceder a sus viviendas”.

Industria había acordado esta restricción de energía al tener constancia de que en el edificio se estaban llevando a cabo cierto tipo de obras. Uno de los vecinos del inmueble, tras constatar el apagón, acudió al Juzgado de Guardia para denunciarlo el jueves por la tarde. La autoridad judicial escuchó al denunciante, a su abogado y a un grupo de comuneros del inmueble, y tras visitar el edificio y llevar a cabo una inspección ocular, intentó contactar por teléfono con la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, “sin resultado alguno”, reseña el auto. Sí consiguió hablar con el ingeniero que había hecho la obra que había fundamento el corte de suministro. En el Juzgado de Guardia, éste manifestó que la obra “estaba finalizada y que no representaba riesgo alguno para los vecinos ni para sus moradores, que todo el problema es de certificados de tipo técnico”. Es decir, que la obra no entrañaba ninguna “dificultad de seguridad de las instalaciones eléctricas”.

El juez optó por ordenar el restablecimiento del suministro “teniendo en cuenta que los fines que legítimamente interesa la Administración Pública competente se pueden obtener por vías menos gravosas para la salud y la integridad de quienes habitan el edificio”