En la semana de Jesé. La del fichaje galáctico en Segunda, la U.D. Las Palmas vuelve a ser noticia, pero esta vez en aspectos extradeportivos. La Fiscalía ha pedido al juez que no admita que el presidente de la U.D. -Miguel Ángel Ramírez- presente las acciones que posee del club, para cubrir la fianza de 50 millones de euros que se le ha exigido de cara al juicio que examinará su presunta defraudación a Hacienda y la Seguridad Social. En ese procedimiento, la Fiscalía de Las Palmas solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa para Ramírez.
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La acusación pública se opone a que se admitan para asegurar la fianza, porque observa varios riesgos en la operación. Entiende que el valor del equipo canario depende «cuestiones muy volátiles». Por ejemplo, que la dinámica liguera, la clasificación del club o la categoría en la que juegue, varía ese valor. También, entiende la Fiscalía que el dueño de esas acciones no es Ramírez, sino una empresa que asegura que le pertenece al 100 %. En tercer lugar, aduce que, aunque se admitieran esas acciones, convertirlas en un bien líquido para cubrir el fraude que se atribuye a Ramírez «no sería tarea sencilla, máxime si se tiene en cuenta que no se trata de acciones admitidas a cotización en mercado oficial alguno».
Todo ello, concluye la fiscal, «supone que no queda suficientemente acreditado que el señor Ramírez sea la persona que sigue ostentando la titularidad del 100 % de las participaciones de la entidad Sport Trade Capital SLU; y lo que es más importante, en modo alguno garantiza que lo siga siendo en el futuro».
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