El Grupo Municipal Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria elevará a pleno una moción mediante la cual demanda al Consistorio capitalino que inste al Gobierno de Canarias a que desarrolle la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, de manera especial en lo referente al establecimiento de las nuevas ratios de trabajadores sociales por población.
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Cabe recordar que la ley fue aprobada en el Parlamento de Canarias por todos los grupos políticos, y preveía una sustancial mejora de los recursos humanos de los ayuntamientos en los Servicios Sociales municipales, pero la paralización de la misma ha provocado que se atienda a la crisis social sin ningún tipo de refuerzo extraordinario. Además, la ley preveía que desde el Gobierno de Canarias los Servicios Sociales comunitarios que prestan los ayuntamientos del nivel de habitantes de Las Palmas de Gran Canaria serían financiados entre un 40 por ciento y un 50 por ciento desde el propio Gobierno.
Según explicó el portavoz de CC-UxGC, Francis Candil, la ley obliga a tener un trabajador social por cada 3.000 habitantes. Sin embargo, la capital tiene en estos momento uno por cada 6.000, lo que está provocando que los recursos sociales de la ciudad se vean más tensionados que nunca para atender la altísima demanda ante la que no dan abasto. Los propios trabajadores sociales municipales han denunciado que tardan hasta cuatro meses en dar una primera cita debido a la alta carga de trabajo que soportan y, además, cuentan con una debilidad estructural en sus plantillas que se ven sometidas a una presión por las actuales circunstancias económicas.
En este sentido, Candil reiteró la denuncia que desde el Grupo Municipal vienen realizando desde hace un año, e insistió en que el Ayuntamiento “no puede seguir callado” ante la gravísima situación de los Servicios Sociales en Las Palmas de Gran Canaria, ni “abandonar a su suerte” a los trabajadores sociales municipales. “Una urgencia social no atendida en el momento puede derivar en un problema al que ya no podamos darle una solución. Tan importante es ayudar como hacerlo en el menor tiempo posible”, afirmó el edil, quien añadió: “La demanda social se ha triplicado por tres en el último año en esta ciudad. Tenemos alrededor del 30 por ciento de la población activa en situación de desempleo, es decir, 50.000 parados, y familias que antes tenían recursos económicos ahora se están viendo obligados a pedir ayudas de comedor, pagar facturas de agua, luz, alquileres, etc., que, además, son una constante en este año de pandemia”.
En este sentido, Francis Candil exigió al tripartito formado por PSOE-NC-Podemos que mejore y refuerce todos los dispositivos que están en primera línea de fuego para atender demanda social, tanto los Servicios Sociales como al tercer sector, y apeló a la necesidad de que el Ayuntamiento ponga en marcha medidas urgentes y de respuesta inmediata. Además, solicitó que se estudie la posibilidad de valorar la declaración de emergencia social como forma de acortar plazos y procedimientos para otorgar ayudas, de tal manera que se alivie la carga laboral de los trabajadores sociales y se elimine presión sobre determinados procedimientos.
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