El ex alcalde de La Oliva contrató a dos asesores en el Ayuntamiento que no tenían la titulación para cobrar por ella.

La Fiscalía pide que se condene de nuevo al ex alcalde de La Oliva Domingo González Arroyo, por un delito de prevaricación administrativa, a una pena de dos años de suspensión para cargo o empleo público y una multa de unos 1.800 euros.

El político, líder de Gana Fuerteventura, partido que preside el Ayuntamiento de La Oliva, se enfrentará así a un nuevo juicio, cuya fecha se ha fijado ya para enero de 2023.

Este caso nace de una denuncia del ex edil Álvaro de Astica. Junto a González Arroyo están acusadas dos de las personas que nombró como cargos de confianza cuando ostentaba la alcaldía de La Oliva en el año 2015.

En el escrito de calificación, la Fiscalía señala que González Arroyo había sido condenado en junio de 2015 por el Juzgado de lo Penal número dos de Puerto de Rosario por un delito de prevaricación administrativa a la pena de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, en su calidad de alcalde de La Oliva.

A pesar de esa inhabilitación, que aún no era firme, dos semanas después nombró como personal eventual de confianza a estas dos personas, mediante sendos decretos, con la categoría correspondiente al Grupo C1 y con efectos retroactivos desde el 15 de junio, “con pleno conocimiento de que carecían de la titulación de bachiller, o equivalente, legalmente requerida para desempeñar funciones propias de tal categoría”.

Por otra parte, la Tesorería General de la Seguridad Social no admitió el carácter retroactivo de la contratación. Para el fiscal, los asesores también son responsables de un delito de prevaricación y les pide una multa de igual cuantía y el pago de las costas, ya que aceptaron el nombramiento “a sabiendas de que carecían de la titulación requerida para ser nombrados personal eventual de confianza con la categoría correspondiente al grupo C1”.

Había un tercer asesor también denunciado para quien se pide el archivo de la causa, ya que sí ostentaba la titulación de técnico de formación profesional específica, que es equivalente al título de bachiller superior.

En 2006, González Arroyo ya fue condenado por algo similar. Tuvo que pagar una multa por intrusismo por contratar como topógrafo en el Ayuntamiento de La Oliva a su yerno, que estuvo 15 años en el puesto, a pesar de que no tenía la titulación.

El año pasado, el conocido como Marqués de Las Dunas fue condenado en dos ocasiones, y en ambas por delitos contra la Hacienda Pública. Por esas dos condenas suma seis años de cárcel.