Primero fue la intervención militar para impedir la independencia de Cuba, cuando ya los insurrectos mambises habían derrotado a las tropas colonialistas españolas. Luego, en 1901, establecieron la Enmienda Platt y, dentro de ella, un acápite para apoderarse de una parte del territorio cubano en Guantánamo, donde instauraron en 1903 una base naval.

En ese mismo espacio, el 11 de enero de 2002, el gobierno del entonces presidente George w. Bush abrió un centro de torturas hacia donde llevó reos traídos de los «más oscuros lugares» del planeta, so pretexto de la llamada cruzada antiterrorista, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, en Nueva York.

Veinte años han transcurrido desde que llegaran allí los primeros 20 detenidos, «sospechosos de terrorismo», por el solo hecho de tener facciones árabes, ser musulmanes o simplemente que la cia los considerara «enemigos».

El lugar escogido en la ilegal base en Guantánamo fue justificado por las propias autoridades estadounidenses, por «ofrecer un margen de maniobra extremo para su custodia», donde «las leyes y garantías estadounidenses» no eran aplicables, «abogados y familiares no tendrían acceso» y, según advirtió el propio presidente Bush, la «Convención de Ginebra no cubría a sus reos».

En la prisión abierta en la ilegal base, los gobiernos de Estados Unidos han mostrado sus verdaderas caras: presos que nunca supieron el porqué de su detención, sin derecho a abogados defensores y sin acusación alguna, además de la práctica diaria de las más sofisticadas torturas inventadas y aplicadas por la cia.

Tanto el expresidente Barack Obama como el actual Joe Biden, se comprometieron durante sus campañas, antes de llegar a la Casa Blanca, y luego de instalados en ella, a «cerrar» la cárcel de la ilegal base en Guantánamo. Pero Obama no logró el objetivo porque el Congreso no se lo permitió y Biden va por el mismo camino, sin esperanza alguna de que los republicanos acepten la citada propuesta.

Una más de sus promesas electorales no se cumple.

Mientras, los contribuyentes estadounidenses gastan cada año más de 540 millones de dólares para mantener activo el vergonzoso centro de tortura, donde se desnudan las leyes, la democracia y el respeto a los derechos humanos, en el país que dice ser modelo para el resto del mundo.

En estos 20 años suman más de 780 los que allí fueron confinados. Casi una decena de ellos prefirió suicidarse antes de continuar en la agonía diaria de ser asfixiados cuando se les metía su cabeza en un tanque de agua helada, o ser tiroteados en supuestas ejecuciones que formaban parte del «programa» elaborado.

La comunidad internacional comenzó a enterarse de la barbarie y de la falta de garantías legales, y las denuncias pusieron a los gobiernos estadounidenses en la picota pública.

Hoy quedan allí 39 reos, de los cuales a 27 no se les ha formulado acusación alguna.

¿Acaso no le da vergüenza a Estados Unidos que esta realidad sea parte de su sistema de «justicia»?