Como parte del enfrentamiento al acaparamiento y reventa de productos, desde el mes de enero y hasta el cierre de mayo, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ha procesado en Sancti Spíritus más de 1 050 denuncias por los delitos de actividad económica ilícita, acaparamiento, infracción de las normas de protección al consumidor y tráfico de divisas, reporta el periódico Escambray.
Según el rotativo, más de 60 casas almacenes que fueron desarticuladas en ese periodo. En ellas se ocuparon desde productos agropecuarios, frutas, maíz, arroz, cárnicos, hasta considerables cifras de artículos de aseo, limpieza y ferretería.
Igualmente se desactivaron 19 fábricas ilegales en las que se elaboraba ron, refrescos, dulces, tabaco, pan.
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El accionar policial ha estado enfocado tanto en el sector estatal como el no estatal, de ahí que tras las inspecciones realizadas a centros de Comercio y de Gastronomía, Mercados Agropecuarios Estatales, puntos de la Agricultura Urbana y trabajadores por cuenta propia, se ha multado a más de 280 personas y 73 han sido apercibidas.
De acuerdo con la PNR, la mayor incidencia ha estado en Sancti Spíritus, Trinidad y Cabaiguán, lugares donde se ha radicado el número más alto de denuncias, sobre todo, por incurrir en actividad económica ilícita —más de un centenar—, acaparamiento, infracciones de las normas de protección al consumidor y receptaciones.
Desde enero y hasta el cierre de mayo, como resultado de la labor policial se realizaron 187 decomisos, los cuales conllevaron la ocupación de 534 007 libras de cebolla, 22 554 de tomate, 17 844 de arroz, 2 872 de ají, 2 426 de frijol, 1 814 de papa y 1 100 de boniato.
Asimismo, se decomisaron más de 1 290 libras de carne de res y de cerdo y otros productos como 36 462 cajas de cigarros y 7 828 unidades de artículos de aseo.
Con el propósito de limitar aquellas conductas que infrinjan las normas establecidas y afecten, a la postre, a la población el actuar de la PNR también se ha enfilado contra quienes violentan el Decreto 30 de 2021 del Consejo de Ministros, que establece las contravenciones a la política de precios.
El enfrentamiento ha estado dirigido a coartar todas aquellas conductas transgresoras y los delitos que afecten tanto a la economía de la nación como al bolsillo de los ciudadanos, añade el medio de prensa espirituano.
