En un escrito fechado en agosto pasado pero conocido ahora, la fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, que se mantiene al frente de esta investigación a pesar de ese reciente nombramiento, ha solicitado al Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna incorporar nuevos documentos que a su juicio avalarían las sospechas de prevaricación administrativa continuada por parte de Fernando Clavijo y su sucesor en la alcaldía, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria, además de otros concejales y ex concejales de la Corporación.

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El Ministerio Público pide que este nuevo hallazgo se sume a la pieza separada que se tramita en ese juzgado para su remisión al Tribunal Supremo, instancia ante la que es aforado el expresidente de Canarias por su condición de aforado, que obtuvo gracias a la iniciativa de su partido ante el Parlamento de Canarias.

Esta ampliación de las pesquisas que ha formulado el Ministerio Público se suman a los 147 contratos que se analizan en ese juzgado de La Laguna correspondientes a otros tantos reparos levantados por Clavijo, Díaz y otros concejales laguneros para ampliar contratos de servicios que habían vencido sin que se convocaran los preceptivos contratos y siempre desoyendo las advertencias de legalidad planteadas formalmente por el interventor del Ayuntamiento.

Este nuevo contrato es el que en agosto de 2005 suscribió el Ayuntamiento de La Laguna con la empresa TITSA, propiedad del Cabildo de Tenerife, y encargada del transporte público terrestre en la isla. El contrato, denominado Gestión del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros en régimen de concesión administrativa, venció el 3 de agosto de 2009 sin que durante ese periodo por parte del Ayuntamiento de La Laguna se promoviera ningún expediente administrativo para convocar una nueva licitación. Ni en el contrato ni en el pliego de condiciones administrativas se planteaba la prórroga, lo que no impidió que Fernando Clavijo firmara, seis meses después de su vencimiento, una ampliación que se prolongó hasta julio de 2018, fecha en la que entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife se suscribió un convenio de colaboración que regularizaba la prestación del servicio.

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Clavijo firmó el levantamiento de los reparos del interventor, que en su informe, también incorporado a la causa, tachó de “improcedente” la continuación de la gestión del servicio “por ser contraria al ordenamiento jurídico” y advirtió de la “insuficiencia de crédito” para hacer frente al pago por esos servicios que, en 2009, supusieron casi 170.000 euros.

La existencia de esa prórroga fue conocida por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un contencioso-administrativo en el que se sustanció una demanda de la empresa TITSA contra el Ayuntamiento de La Laguna por reclamación de cantidades. El juez titular de ese juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el 3 de Santa Cruz de Tenerife, dedujo testimonio y envió los autos a la Fiscalía, que finalmente ha encontrado indicios para añadir estos hechos a la causa.

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