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Nov 13, 2020

Pedro Martín achaca la tardanza de la denuncia a la negativa a informar de empresas involucradas.

El Interventor pidió información al menos desde 2015 pero nunca le fue suministrada”. Pedro Martín, presidente socialista del Cabildo de Tenerife, aseguró ayer que el caso Geneto tardó 8 años en denunciarse por las maniobras obstruccionistas de algunas de las empresas públicas involucradas, aún cuando dependían de la propia Corporación insular. “El informe del interventor surge ahora porque en varias ocasiones solicitó información de la compra de los terrenos de Geneto. Consta un informe de solicitud de 2015, trasladado a Parque Científico y Tecnológico de Tenerife SA, pidiendo información que nunca le fue suministrada”, subrayó Martín en una rueda de prensa convocada para abordar la publicación de las conclusiones del informe de Antonio Messía.

El interventor general ha detectado irregularidades en la compra de dos terrenos por parte del Cabildo de Tenerife, a través de su empresa Parque Científico y Tecnológico SA, en 2012, cuando la Corporación insular estaba presidida por Ricardo Melchior (CC). De ahí que el pasado 7 de octubre elevara un informe a la Audiencia Provincial –que lo derivó a la Fiscalía–, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia de Cuentas de Canarias al ver indicios de los delitos de prevaricación, malversación y responsabilidad contable. Según Messía, el Cabildo adquirió esos terrenos al CD Tenerife y y la empresa público-privada NAP por un precio –18,9 millones– que multiplicaba por cinco su valor real –3,6 millones–, sin cumplir con la obligación de convocar un concurso público, para un Parque Tecnológico que ya tenía otra ubicación Cuevas Blancas– y con una tasación que estaba caducada.

El presidente del Cabildo enumeró las irregularidades ya conocidas y añadió que su intención es “buscar la transparencia de todos los asuntos que tienen que ver con este Cabildo, que las empresas del Cabildo funcionen y que la gestión del dinero público sea la adecuada”. “Vamos a hacer una labor de vigilancia para que esto no siga sucediendo”, enfatizó Pedro Martín.

Una tasación inflada

Uno de los puntos del informe Messía que llamó la atención al socialista fue la tasación inflada de los terrenos. “Parecen cuando menos cuestionables los criterios para valorar los terrenos de Geneto”, subrayó Martín, para añadir. “Y parecen más que cuestionables cuando nos encontramos que terrenos que no están urbanizados, que además están en un lugar alejado y no tienen dotaciones públicas, puedan compararse en su valor con terrenos o parcelas ubicadas en la calle del Castillo, Villalba Hervás o en la plaza de La Candelaria”, utilizadas por el tasador para calcular un precio que el interventor general considera completamente abusivo. “También resulta llamativo que en ese proceso de tasación no se tuviera en cuenta la información que tenían que suministrar el Consejo Insular de Aguas, el Ministerio de Defensa o la Consejería de Infraestructura del Gobierno de Canarias”.

También compareció Enrique Arriaga (Ciudadanos), vicepresidente del Cabildo. “Esto no es una caza de brujas. Al contrario, es poner a todas las empresas y al sector público del Cabildo a funcionar correctamente”, quiso dejar claro Arriaga, quien agregó que “en este empeño hemos encontrado en diferentes sociedades algún tipo de irregularidad. Ya han salido casos como las invitaciones en los casinos, la compraventa de estos terrenos de Geneto…”. “Nos hemos encontrado con sociedades, como Parque Científico y Tecnológico de Tenerife SA, dependiente del área de Innovación, que tiene un agujero económico bastante importante”.

“Tras conocer situaciones que pueden parecer irregulares, lo que no podemos hacer es callarnos, ser partícipes y encubrirlas. Nuestra obligación es recopilar la información necesaria y trasladarla al órgano de fiscalización, como ha ocurrido con este caso de los terrenos de Geneto”, destacó Arriaga, quien aseguró para concluir con una petición: “Que sean las autoridades y los órganos que tengan que actuar en esta situación los que definan si al final hay delito o no”.

Mientras Coalición Canaria no se ha pronunciado, en espera de analizar el informe del interventor del Cabildo, Podemos exigió una mejora de la transparencia de las administraciones. Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife reclamó al equipo de gobierno de la Corporación insular que “solvente los problemas de transparencia y comunicación interna”, pues “dificultan las labores de control y seguimiento que realizamos como grupo político”. En un comunicado de prensa, la formación morada critica la “excesiva lentitud” y, en ocasiones, la “inexistente respuesta” que vienen sufriendo en lo relativo a las peticiones de información, “pues se prolongan en el tiempo, y en algunos casos de forma indefinida”, remarcan.

La reacción de Sí Podemos

El consejero insular de Sí Podemos Canarias, David Carballo, expresó la satisfacción de su grupo porque “se haya presentado esta denuncia por parte de la propia Intervención de la corporación después de que nuestro grupo comenzase a tirar de la manta, desde el pasado mes de mayo, sobre todo lo que rodeó a dicha adquisición por parte del Cabildo”. Carballo defiende que la labor fiscalizadora y la investigación iniciada por Sí Podemos Canarias en torno a este asunto “ha resultado clave para destapar lo que presuntamente podría ser un nuevo caso más de operación corrupta con la pretensión de lograr un pelotazo urbanístico similar al caso Las Teresitas.

El Club Deportivo Tenerife, una de las sociedades involucradas en el caso Geneto al ser la vendedora de uno de los terrenos adquiridos por el Cabildo a un precio que multiplicaba por cinco su valor real, según denunció el interventor general de la Corporación insular, defendió ayer en un comunicado que en todas las operaciones inmobiliarias en las que ha participado ha cumplido “escrupulosamente sus obligaciones legales” y “ha actuado siempre con total respeto por el ordenamiento jurídico y el interés público”. El club de Segunda División dejó claro que hasta la fecha “no ha tenido conocimiento” de que ninguna autoridad del Cabildo de Tenerife instruyera un expediente en el que se investigara operaciones en las que el Club Deportivo Tenerife hubiera participado, por lo que “en el ámbito administrativo se ha privado al club de su derecho de audiencia y se le ha provocado indefensión”. Los responsables e la sociedad anónima deportiva presidida por Miguel Concepción se pusieron a disposición de la Fiscalía, que ya investiga el caso, y de las autoridades contables competentes para proporcionar “cualquier información” de la que disponga sobre su intervención en las operaciones a las que se refiere la denuncia presentada por la Intervención del Cabildo. “El club, en aplicación de la ley, se ha dotado de un sistema de organización y gestión corporativa diseñado para que sus representantes, directivos o empleados no puedan cometer delitos en su actuación por cuenta de la sociedad y en beneficio directo o indirecto de la misma”, concluye.

 

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