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» Tenerife » Investigan a Flora Marrero y Blanca Pérez » ambas ex ediles de Coalicion Canaria » por contrataciones municipales en La Laguna «

Poractualidadcanarias

Ene 19, 2021

El Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna instruye diligencias a instancias de la Fiscalía en un caso relacionado con la posible cesión ilegal de trabajadoras en las que figuran como imputadas ambas ex ediles de C.C. y que surge a raíz de una denuncia de los hechos por parte de CSIF

Las que fueran concejalas de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna Flora Marrero y Blanca Pérez figuran en calidad de investigadas (anteriormente, imputadas) a cuenta de las diligencias que actualmente practica el Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna. Si bien no consta que exista calificación jurídica alguna por parte de las posibles acusaciones, el caso versa sobre una presunta cesión ilegal de trabajadoras en las áreas de gobierno regidas en su momento por las dos coalicioneras, Seguridad Ciudadana y Bienestar Social.

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Según la documentación que obra en poder de nuestra Hermana DIARIO DE AVISOS, la imputación de Pérez y Marrero tuvo lugar a mediados del año pasado, si bien hasta ahora era desconocida por la opinión pública.

Todo el asunto deriva de la denuncia interpuesta por la vía de lo Social por parte de dos trabajadoras municipales. Una de ellas ya ha sido resuelta a favor de la empleada en cuestión, quien procedía de la empresa municipal Muvisa y ha terminado siendo indemnizada con una cantidad apreciable (cerca de 20.000 euros), además de haberse reconocido su condición como personal laboral de la Corporación de la Ciudad de Los Adelantados.

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En cuanto al segundo caso, de trata de otra trabajadora, ligada a los Servicios Sociales, quien durante lustros trabajó primero en condiciones que ella describe claramente como falsa autónoma, para luego ser supuestamente recolocada por la entonces concejal Blanca Pérez a través de una empresa contratada por el Ayuntamiento, Eulen. Eso sí, sus condiciones de trabajo no cambiaron salvo en el hecho de que desde entonces fue la referida empresa la que se hizo cargo del abono de su salario, que siguió procediendo de las arcas municipales incluso a través de facturas menores o contrataciones periódicas realizadas a tal fin, siempre según la denuncia de dicha trabajadora. En total, ha estado 14 años desempeñando sus tareas “siendo la Corporación municipal la que ha cambiado las sedes en las que ha trabajado (siempre dependencias municipales), facilitándole los medios de trabajo para ello, recibiendo órdenes de la concejala y del personal técnico del Ayuntamiento quienes, en todo caso, han sido los que han fijado y controlado el trabajo sin que Eulen le haya pedido la menor explicación al respecto”.

Por todo ello, esta trabajadora sigue pugnando por ser reconocida como trabajadora del Ayuntamiento.

A LO PENAL

Como no sería la primera vez que este tipo de prácticas terminan engrosando la plantilla municipal, ha sido el sindicato CSIF quien ha optado por denunciar lo sucedido con ambas trabajadoras ante la Fiscalía Provincial tinerfeña, que a su vez es la que impulsa la via penal en este caso y, a instancias de la misma, el citado juzgado lagunero practica ahora las diligencias que nos ocupan.

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Puestos al habla con el vicepresidente provincial de CSIF, Francisco Javier Galván, explica que dicha denuncia “ni se ha formulado contra nadie ni, desde luego, se quiere perjudicar con ella a las trabajadoras, a las que deseamos lo mejor, pero no se puede permitir que se siga entrando en las administraciones públicas por la puerta de atrás”. Es decir, que se han limitado a poner en conocimiento los hechos y, desde el Ministerio Público, se han detectado indicios suficientes como para solicitar esta investigación, postura que el juzgado ha hecho suya.

Para comprender mejor su argumentación, Galván recuerda lo acaecido “con los once empleados despedidos en su día en Asuntos Sociales, o el también despido de los trabajadores de la Videoteca, además cuando estaban en huelga”. En ambos casos, que tuvieron lugar en La Laguna, todos los trabajadores acabaron siendo sumados a la plantilla municipal o indemnizados. “Nos alegramos por ellos, pero hay mucha gente que se gasta mucho dinero para presentarse a unas oposiciones, y no puede ser. Hay que pedir responsabilidades por este tipo de casos, y por eso pensamos que era mejor advertir a la Fiscalía”.

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