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» Telde » El Juzgado de Instrucción número 1 envía a juicio al hombre que amenazó de muerte e insultó al fiscal Ródenas «

Poractualidadcanarias

Nov 15, 2021

El presunto autor de los hechos, que estaba bajo la tutela del Cabildo, se enfrenta a cárcel, multa e indemnización.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde enviará a juicio a un varón de nombre César I.S., después de que el Ministerio Público le haya pedido una condena de cinco meses y 29 días de prisión y el pago de 1.440 euros por haber vertido amenazas de muerte e insultos por las redes sociales contra el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas.

Además, en el escrito se acusa también al Instituto de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria (IASS) como responsable civil subsidiario ya que el encausado estaba bajo su tutela puesto que sufre un trastorno mental.

Según publica Canarias7, la Fiscalía entiende que estos hechos tuvieron como punto de partida el 19 de marzo de 2013, cuando César I.S., con antecedentes penales cancelables, fue juzgado y condenado en Las Palmas de Gran Canaria por un delito de calumnias. En ese procedimiento, el fiscal fue Javier Ródenas, por lo que «como consecuencia de la actuación profesional llevada a cabo por el fiscal», según el escrito de acusación, comenzó a «atentar contra la reputación profesional y honorabilidad de aquel» y «emprendió a través de redes sociales una campaña difamatoria y de descrédito, tanto hacia su persona como al desempeño de sus funciones como miembro de la carrera fiscal», sostiene.

Añade esta parte que el acusado puso «en duda la imparcialidad propia del cargo que ostenta» Javier Ródenas y se refirió a su persona con expresiones tales como «corrupto», «mafioso», «delincuente» o «hijoputa», entre otras, para «ocasionar un desprestigio social al referido fiscal. También llegó a proferir contra el mismo «expresiones intimidatorias con el expreso anuncio de muerte», utilizando varios perfiles de la red social Twitter.

En estas cuentas, César I.S. publicó hasta un total de 28 tweets iguales entre los días 22 y 30 de mayo de 2019 y otros 29 entre el 17 de abril y el 21 de mayo de 2019. Además, con la intención de darles la mayor difusión posible, los fue retuiteando «a multitud de usuarios y cuentas oficiales de asociaciones judiciales, asociaciones de fiscales, cuentas personales de destacados líderes políticos, organismos públicos y organismos oficiales», haciendo alusión directa a la condición de fiscal de Javier Ródenas y «acompañándolos en ocasiones de fotografías de éste, identificándolo igualmente con su nombre y apellidos».

A estos tweets, el acusado les ponía una foto en primer plano del fiscal y junto a ella, en algunos casos, «una foto de una persona ahorcada en un árbol». Para «amedrentar» a Ródenas, César I.S. «hacía uso de expresiones intimidatorias acompañadas con la foto del tambor de un revólver cargado con balas», y con expresiones cargadas de violencia. Llegó a escribir «muerte al hijoputa fiscal español JRM», «a este hijoputa fiscal español le hace falta un tiro en la nuca» y «muerte al hijoputa fiscal español JRM», acompañando el texto con una fotografía en la que aparecían varios guardias civiles portando un féretro «cubierto con la bandera de España o una foto de una toga con la cabeza y las garras de un águila».

También vídeos

Igualmente, prosigue el escrito de acusación detallando que el encausado, usando un perfil de Facebook, el 6 de junio de 2020 publicó un vídeo de YouTube con el nombre canal Cóndor –publicado en esa red social el 30 de mayo de 2019–, donde se veía al acusado lanzando múltiples improperios. Llegó a decir que iba a «denunciar a la corrupción judicial del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ubicada en el barrio de Vegueta, donde el edificio de juzgados es la cueva de Alibaba, donde trabaja una banda de delincuentes, formada por magistrados y fiscales», para después reproducir el sonido de varios disparos de armas y manifestar que los disparos «son el lodo sonoro del canal que significa el ajuste de cuentas».

Además, insistió en su ánimo ofensivo publicando varios post más en Facebook, en los que puso: «muerte al hijoputa fiscal español JRM», siendo la última publicación el 2 de mayo de 2020.

Estas acciones, según la acusación pública, «ha logrado potenciar la difusión de sus mensajes humillantes hacia el fiscal, con el consiguiente daño a su autoestima».

«Falta de vigilancia y abandono de la función tuitiva» del IASS

Añade el escrito de la Fiscalía contra César I.S., que hay un informe emitido por los forenses en los que describe que presentaba «un trastorno por ideas delirantes persistentes de varios años de evolución, careciendo de conciencia de la enfermedad, presentando al tiempo de los hechos una disminución importante de su capacidad cognitiva».

A consecuencia del trastorno mental grave que padece el encausado, con nula conciencia de la enfermedad, el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Las Palmas de Gran Canaria determinó que carecía «de capacidad de obrar suficiente para el control de su salud psiquiátrica y para someterse a los pertinentes controles y revisiones médico psiquiátricas y tratamientos que al efecto puedan prescribirse, quedando sometido al régimen de tutela», designando tutor del mismo al Instituto de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria (IASS).

Describe la Fiscalía que, pese a que dicho organismo ejercía la tutela del encausado desde el 23 de octubre de 2014, «no ejercitó control alguno» sobre él «a pesar del riesgo esperable, no vigilando siquiera su propio perfil de la red social» y «no llevando a cabo ningún tipo de control sobre los mensajes emitidos» en las redes. Todo ello, añade esta parte, «cuando la causa de la incapacitación legal fue, precisamente, la actividad procesal del encausado con constantes querellas y denuncias de marcado contenido injurioso contra autoridades judiciales, estando la enfermedad que padece claramente conectada con su trastorno de ideas delirantes sobre la situación judicial de Canarias».

Por último, el Ministerio Público denuncia en su escrito de acusación que «la falta de vigilancia y abandono de la función tuitiva del acusado por parte del organismo encargado de velar por el control de su salud psiquiátrica», insiste, posibilitó que llevara a cabo estas acciones.

Por este motivo, la Fiscalía acusa al Cabildo como responsable civil subsidiario en la petición de 25.000 euros de indemnización «por los perjuicios ocasionados consecuencia de la intromisión ilegítima en el derecho al honor por las publicaciones injuriosas en redes» al fiscal Ródenas.

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