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» Otro ex consejero de la Junta socialista al banquillo: 54 millones en ayudas presuntamente irregulares «

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Ene 6, 2021

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a declarar para el 14 de enero al ex consejero de Empleo de la Junta socialista de Andalucía (2010-2012), Manuel Recio Menéndez, en calidad de investigado, tal y como ha podido saber en exclusiva a nuestra Hermana OKDIARIO. Su comparecencia será a las 11 de la mañana, y con ella el juez José Ignacio Vilaplana, profundizará en la macro causa de los ERE. Concretamente, en esta pieza separada, se investigan ayudas presuntamente irregulares por más de 50 millones de euros.

Concretamente, el magistrado investiga las ayudas por valor de 54,2 millones de euros concedidas para el ERE de 425 mineros de la multinacional Boliden Apirsa. Además del ex consejero de Empleo que declara este 14 de enero, José Ignacio Vilaplana ha imputado en esta pieza separada de la macrocausa de los ERE a otros cuatro altos cargos de la Junta socialista de Andalucía, entre los que hay otro ex consejero, dos ex viceconsejeros y un director general de Trabajo.

Concretamente, los investigados son el ex consejero de Empleo Manuel Recio, el ex consejero de Economía, Antonio Ávila, los ex viceconsejeros de sendas consejerías, Justo Mañas y Luis Nieto, y el ex director de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera.

Vilaplana considera que hay indicios «solventes y suficientes» de que gran parte de estas ayudas «no habrían sido acordadas y abonadas dentro del periodo de imputación en la causa del procedimiento específico por el correspondiente director general de Trabajo de la consejería de Empleo -en concierto con el correspondiente, a su vez, director general de IFA/IDEA-, con cargo a la partida 31L».

De hecho, se investiga si casi 700.000 euros de estas ayudas provinieron de la polémica agencia IDEA, a través de la partida «otros gastos de gestión corriente» que se efectuaron en el año 2010, mientras que otros 450.759 euros salieron de la Consejería de Medio Ambiente. Estos hecho «justifican la llamada al proceso de los presuntos partícipes en la operativa ilícita investigada, incluidos aquellos que han sido encausados y sometidos a enjuiciamiento».

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