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Abr 1, 2021

Onalia Bueno está siendo investigada por la presunta compra de votos en varios procesos electorales; el asunto está empantanado en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se ha hecho con los servicios del prestigioso despacho madrileño que encabeza el magistrado en excedencia José Antonio Choclán para que la defienda de la causa en la que está imputada por la presunta compra de votos en las elecciones locales de 2015 y 2019. Se trata de los mismos abogados que defendieron a Fernando Clavijo en el llamado caso Grúas, que acabó en el Tribunal Supremo por el aforamiento del expresidente del Gobierno y que se cerró con el archivo de la causa al no apreciar la Sala Segunda del alto tribunal ningún delito. Los partidos de Clavijo (Coalición Canaria) y Bueno (Ciudadanos para el Cambio – Ciuca) son socios políticos.

Los abogados personados ante los juzgados de San Bartolomé de Tirajana donde se dilucida tanto esta investigación como una denuncia de supuestas presiones del entorno de Onalia Bueno contra los denunciantes son José Antonio Choclán Montalvo y Javier Velasco Almendral.

Onalia Bueno está siendo investigada desde 2015 en un caso que se reactivó en 2019 y que avanza de modo muy lento en el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, partido judicial al que pertenece Mogán. Esa lentitud forzó en febrero pasado que uno de los denunciantes tuviera que acudir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) formulando una queja y reclamando ser oído cuanto antes por el juez, dada las fuertes presiones que viene recibiendo del entorno de la alcaldesa, según su testimonio. Los denunciantes y los testigos han sido citados a declarar en tres ocasiones distintas y las tres citaciones han sido suspendidas sin que, según los afectados, se les haya ofrecido alguna explicación.

Tanto Onalia Bueno como dos de los concejales del grupo de gobierno (la de Servicios Sociales, Tania Alonso, y el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Mencey Navarro) fueron detenidos el pasado septiembre por la Guardia Civil durante una operación de entrada y registro en la que los agentes se incautaron de material informático y documentación de las oficinas municipales de Arguineguín. Todos los detenidos fueron puestos en libertad posteriormente.

Las sospechas de los investigadores se centran en el amaño de las elecciones locales de 2015 y 2019 mediante la compra de votos a cambio de ayudas sociales y suculentos contratos. También se investigan grandes operaciones urbanísticas y económicas para financiar las campañas electorales del partido de la alcaldesa, Ciuca, una filial del que, con el mismo nombre, opera desde hace décadas en la ciudad de Telde. Ciuca está aliada a Coalición Canaria en el municipio moganero.

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