El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha celebrado hoy que el gobierno insular se haya visto obligado a declarar nula de pleno derecho la compra de las fincas de Amurga, una decisión que viene a confirmar “el engaño, las mentiras y las falsedades de Antonio Morales” para sacar adelante a una polémica operación aprobada por N.C. y P.S.O.E. el día de los Santos Inocentes de 2018 en consejo de gobierno extraordinario y urgente.
“Desde el primer momento denunciamos que la adquisición por 4,06 millones de euros de los terrenos de Amurga, entre cuyos propietarios se encuentra la familia de Román Rodríguez, líder de N.C., era un escándalo mayúsculo, un traje a la medida plagado de irregularidades, y casi dos años después se demuestra que teníamos toda la razón”, sostiene Marco Aurelio Pérez, portavoz del P.P..
“El señor Morales, después de repetir hasta la saciedad que el procedimiento era impecable e impoluto, de negar que conocía a los propietarios de las fincas y de hacerse la víctima de una supuesta conspiración para dañar su imagen, ha tenido que claudicar y anular un expediente que también se está investigando en los tribunales de justicia”, añade el líder popular.
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El P.P. recuerda que en el anterior mandato todos los grupos de la oposición solicitaron un pleno extraordinario, celebrado el 4 de febrero de 2019, para instar al gobierno insular a suspender la formalización y ejecución de la compra de terrenos en el macizo de Amurga, una propuesta de acuerdo que fue tumbada por N.C., P.S.O.E. y la consejera no adscrita.
De esta forma, han tenido que ser los propios funcionarios del Cabildo quienes han obligado a Morales a revisar de oficio el expediente de compra de las tres fincas, “que se aprobó deprisa y corriendo sin tener en cuenta siquiera el deslinde del dominio público hidráulico (48.107 metros cuadrados), lo que generó un quebranto a las arcas públicas al elevar la tasación de los terrenos y el precio final de la operación de compraventa”.
Además, el Grupo Popular lamenta que “los gran canarios tengan que pagar ahora, casi dos años después, las previsibles indemnizaciones que reclamarán los propietarios de los terrenos pese a que, según el propio Morales, el expediente de adquisición de las fincas era impoluto e impecable”.
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Por último, el P.P. señala que el P.S.O.E., “aunque ahora intente ponerse de perfil para eludir su responsabilidad, ha sido cómplice y cooperador necesario para llevar a cabo esta turbia operación inmobiliaria, pues tres de sus consejeros votaron junto a NC a favor de la compra de los terrenos de Amurga en el ya famoso consejo de gobierno del 28 de diciembre de 2018”.