El instructor pide al Alto Tribunal que se investigue al líder de Podemos, que tiene condición de aforado por su doble cargo como diputado en el Congreso y como miembro del Ejecutivo. Iglesias se va a beneficiar de este privilegio que, como el mismo reprochó en múltiples ocasiones antes de llegar al Ejecutivo, disfruta en exclusividad «la casta política» de la que ahora forma parte.

En 2017, cuando todavía no habían llegado al poder, Podemos impulsó una reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos y que sean jueces ordinarios quienes investiguen y juzguen a los diputados como acurre con el resto de la ciudadanía. Sin embargo, una vez que han llegado al Gobierno se han olvidado de este extremo y varios de los miembros de la formación morada se benefician de su condición de aforado como, por ejemplo, la diputada regional Isa Serra que ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) o el diputado podemita Alberto Rodríguez que está siendo investigado en el Supremo.

El partido que supuestamente había nacido para combatir a «la casta» también «salvó» a tres diputados de la Justicia ordinaria gracias al aforamiento de urgencia de la Diputación Permanente del Congresos. Sus nombres son Rafael Mayoral, Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino-Varela. Todos ellos imputados hace un año por una juez de Madrid por atentar contra la autoridad en los disturbios de Alcoa. Y todos ellos a salvo de la pérdida del parapeto judicial del aforamiento como diputados gracias a que, pese a disolverse en aquel momento –septiembre de 2019– el Congreso de los Diputados por la convocatoria de elecciones, fueron designados por Pablo Iglesias como miembros de la Diputación Permanente de este organismo.