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» Illa fue destituido de la Generalitat por hinchar en un 52% el coste de la Ciudad de la Justicia «

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Ene 18, 2021

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue cesado en 2009 como director general de Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña tras descubrirse que el coste de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, proyecto estrella que él mismo dirigía, se había disparado en un 52%. Pasó de estar presupuestado en 255 millones a alcanzar finalmente los 388 millones de euros.

El cese de Illa se produjo tan sólo tres días antes de la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, el 27 de abril de 2009. Illa alegó que el cese fue “a petición propia” porque había recibido una oferta para trabajar en la empresa privada, y que quería dejar temporalmente la política. Esta versión jamás resultó creíble, ni siquiera en las filas del propio P.S.C..

En las fotografías de la inauguración de la Ciudad de la Justicia jamás apareció el máximo responsable político del proyecto, Salvador Illa, sino su sustituto en el cargo, Joan Josep Isern Aranda, hoy vicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol. Cuando Illa fue fulminado de su cargo el socialista José Montilla era el presidente de la Generalitat, hoy en el punto de mira por su fichaje en Enagás. Dicho cese fue firmado por la también socialista Montserrat Tura, consejera de Justicia de la Generalitat entre los años 2006 y 2010.

El presidente Pedro Sánchez intenta ahora aprovechar el protagonismo de Salvador Illa como ministro de Sanidad durante la pandemia para lanzarlo como candidato del P.S.C. a la presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas, que han quedado pospuestas finalmente para el próximo 30 de mayo.  Aunque con más de 80.000 muertos por coronavirus a sus espaldas, Illa no puede presumir precisamente de una brillante gestión.

«Cataluña es una nación», dice Illa

Salvador Illa ha anunciado este sábado que, si alcanzar la presidencia de la Generalitat, su prioridad será «votar un nuevo acuerdo que reconozca a Cataluña como una nación». El P.S.C. no oculta que su propósito es configurar una nuevo tripartito, esta vez con ERC y los Comunes, para gobernar la Generalitat.

Licenciado en Filosofía, Salvador Illa fue alcalde de La Roca del Vallés (Barcelona) desde 1995 hasta 2005, año en el que fue nombrado director general de Infraestructuras del Departamento de Justicia de la Generalidad, en el Tripartito de Pasqual Maragall.

Cogió las riendas de las obras de la Ciudad de la Justicia de Barcelona a finales de 2005 con un presupuesto de 255 millones de euros, después de haber recortado el proyecto heredado de la etapa de CiU. Esta modificación se llevó al reducir en un 35% la edificabilidad y suprimir dos de los 11 edificios que inicialmente estaban previstos.

Ciudad de la Justicia de Barcelona
Ciudad de la Justicia de Barcelona (Foto: Europa Press).

Sin embargo, en tan sólo cuatro años Illa hinchó el presupuesto en 133 millones de euros de más. Tras ser descubierto este desvío presupuestario, la Generalitat alegó que había sido necesario “por las continuas obras de reforma que se han hecho en los edificios antes de estrenarlos”. De la misma manera, el departamento que dirigía Illa culpó del aumento presupuestario a la mala planificación que hicieron del proyecto sus predecesores en la Conselleria de Justicia.

Así, por ejemplo, la planta del juzgado de guardia que actualmente existe no tiene nada que ver con la que se construyó. Lo mismo ocurre con el edificio de los Juzgados de Primera Instancia y los de Violencia de Género. La Ciudad de la Justicia de Barcelona es la mayor obra civil del Plan de Infraestructuras judiciales del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.

Illa había sido fichado como director general de Infraestructuras en septiembre de 2005 por Josep María Vallés, en aquel momento consejero de Justicia del Gobierno del socialista Pasqual Maragall.

La chapuza de la cárcel Can Brians

En octubre de 2009 también se descubrieron importantes sobrecostes en otra de las obras que Illa dirigía. En esta ocasión se trataba de la ampliación de la cárcel de Can Brians, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), cuya construcción costó inicialmente 80 millones de euros. A pesar de ello, se tuvieron que realizar varias obras posteriores para corregir las graves deficiencias detectadas en su edificación.

Illa y su mano derecha, el secretario de Servicios Penitenciarios Albert Batlle Bastardas, tuvieron que aprobar una partida de 600.000 euros pararemodelar el techo de nueve de los catorce módulos del centro penitenciario. Dichas obras arrancaron a finales de 2009 y terminaron en febrero de 2010.

Anteriormente, en el mes de abril de 2009, se tuvo que adjudicar otra partida de 800.000 euros para cambiar la acometida central de agua, ya que la cárcel estaba plagada de goteras tan sólo dos años después de su inauguración. Como consecuencia del pésimo estado en que se encontraba, las averías llegaron a provocar la caída del techo del comedor y el derrumbe de las consultas médicas.

Illa fue destituido de la Generalitat por hinchar en un 52% el coste de la Ciudad de la Justicia
La prisión de Can Brians 2 (Barcelona), cuyas obras también se desarrollaron durante la etapa de Illa.

Esta cárcel, Can Brians 2, fue inaugurada por la consejera Montserrat Tura y el propio Illa el 1 de junio de 2007. En aquel momento el centro aún estaba sin acabar. No contaba ni con cocina ni lavandería, estancias absolutamente imprescindibles para el completo funcionamiento del centro penitenciario. Este penal se construyó con el objetivo de descongestionar la cárcel Modelo de Barcelona.

Todas chapuzas provocaron que el P.S.C. decidiera finalmente prescindir de Illa como director de Infraestructuras de la Generalitat, sin permitirle si quiera acudir a la inauguración de su proyecto estrella, la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Miquel Iceta repescó a Illa en noviembre de 2016 como secretario de Organización del P.S.C. y finalmente Pedro Sánchez le nombró ministro de Sanidad para convertirle en su interlocutor con los independentistas de E.R.C., cuyo apoyo ha sido imprescindible para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 a cambio de la promesa del indulto para sacar de la cárcel a Oriol Junqueras y el resto de golpistas del 1-O.

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