• Dom. Jun 20th, 2021

Actualidad Canarias

Últimas noticias sobre Canarias. Toda la información de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote

» Iglesias oculta los detalles de 26 contratos contra el Covid de su ministerio «

Poractualidadcanarias

Nov 2, 2020

Su Ministerio no ha dado transparencia a la documentación del estado de alarma.

La ley obliga a hacer públicos «todos los contratos» y quién es el adjudicatario.

El Ministerio de Derechos Socialesno ha hecho pública la información de 26 contratos suscritos para hacer frente al coronavirus durante los tres meses del primer estado de alarma de este año (del 14 de marzo al 21 de junio). El departamento que dirige el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha remitido al Senado un listado de sus contratos, en el que reconoce que tres los puede consultar la ciudadanía, pero hay 34 «que no están accesibles a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público» y, por tanto, no cumplen con los cauces que establecen la Ley de Transparencia y la Ley de Contratos para cualquier ministerio.

EL MUNDO ha comprobado, uno por uno, los 34 expedientes, y hay ocho de los que sí se puede encontrar información, lo cual deja la cifra de documentos opacos en 26. Son contratos destinados a la lucha contra el virus, con conceptos amplios como: «Suministro de diverso material de desinfección y sanitario para prevenir el contagio de coronavirus», o la «atención al usuario del Imserso durante la situación del estado de alarma», o la compra de «mamparas de metacrilato con anclajes para las mesas de trabajo del personal» del Ministerio, o el encargo de «un estudio sobre el impacto del Covid-19 y sus consecuencias socioeconómicas en las personas con discapacidad».

El equipo de Pablo Iglesias tampoco ha colgado la información en el Portal de Transparencia, donde sólo aparecen cuatro contratos del Ministerio entre marzo y junio.

¿Qué significa que no se publiciten los contratos suscritos por un Ministerio? En primer lugar, que no se puede saber a quiénes se adjudicaron, por qué procedimiento o por cuánto dinero. En segundo, que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno podría emitir un dictamen para forzar al Gobierno a que se publiciten los documentos por no cumplir con el deber de transparencia. E incluso activar el régimen disciplinario, que contempla sanciones.

La Ley de Transparencia que Unidas Podemos, el partido que lidera Iglesias, siempre ha defendido como ariete de la regeneración- asegura que los licitadores públicos «deberán» hacer públicos «todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato».

El Ministerio no ha introducido ninguna de esos datos relevantes en los citados 26 contratos. Este periódico se puso en contacto ayer con el Ministerio, pero, al cierre de esta edición, no había podido obtener una respuesta definitiva y oficial sobre el motivo por el cual esos 26 contratos no se han hecho públicos aún.

Algunos de los contratos eludidos son considerados «menores». O sea, no llegan a 18.000 euros. Pero tampoco eso sería una justificación válida para ocultarlos. La publicación de la información de los contratos menores puede realizarse cada tres meses y ya han pasado más de cuatro desde el final de aquella alarma.

Además, la Ley de unidad de mercado estipula que en la Plataforma de Contrataciones del Sector Público «se publicará, en todo caso (…) la convocatoria de licitaciones y sus resultados de todas las entidades» del Estado. El Ministerio estaría obligado a hacerlo, por tanto.

Según la Ley de Contratos, la Plataforma debe usarse para «dar publicidad a través de internet a las convocatorias de licitaciones y sus resultados, y a cuanta información consideren relevante». Los perfiles contratantes incluirán todos sus contratos, «gestionándose y difundiéndose exclusivamente» a través de ella.

Los juristas consultados aportan más argumentos para que los ministerios se ciñan a la publicación de todos sus contratos. En un documento aclaratorio, el Ministerio de Presidencia apuntó en su día que colgar los contratos en la plataforma pública es lo mejor para «el cumplimiento de las obligaciones que en cuanto a la publicidad de los contratos establece la legislación sobre transparencia».

» Qué ocurre ahora «

El Consejo de Transparencia » podrá dictar resoluciones «

 Para » el cese del incumplimiento »  y las » actuaciones disciplinarias que procedan «.

Pero la gran pregunta es:

» Por qué se ocultan esos 26 contratos «

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *