Miguel Ángel Ramírez, presidente de la U.D. Las Palmas, se enfrenta a una acusación de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social por un supuesto fraude a las arcas públicas. Según ha publicado El País, piden 73 años de cárcel para el máximo mandatario amarillo por cinco delitos contra Hacienda y nueve contra la Seguridad Social, por un valor total de 20 millones de euros. Entre los años 2009 y 2013, y siempre según la información del medio anteriormente citado, Ramírez habría defraudado un total de 6,5 millones a Hacienda y 13,7 a la Seguridad Social por medio de la empresa Seguridad Integral Canaria.

Entienden los organismos públicos que Seguridad Integral Canaria camufló sobresueldos y horas extras de su plantilla como dietas y desplazamientos, conceptos exentos de tributar. La misma pena se le pide a su mano derecha en aquellos años, Héctor de Armas, administrador único de la citada empresa.

De Armas, al que también se le acusa de los mismos delitos que a Ramírez, reconoció el año pasado que de las dietas servía para eludir el IRPF y las cotizaciones: «Hubo algún trabajador que llegó a cobrar más horas de las que tiene el mes», valoró De Armas durante su declaración como investigado. La misma tesis también defendieron los vigilantes de Seguridad Integral Canaria que han desfilado desde 2014 como testigos ante el juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, instructor de la causa contra Ramírez.

Según la declaración de Héctor de Armas, las tácticas empresariales de Miguel Ángel Ramírez, también se llevaban a cabo en el equipo de fútbol: «Los futbolistas y el equipo directivo cobraban igualmente con el concepto de dietas lo que no era»afirmó De Armas, que desde junio de 2018 es propietario del 100% de las acciones de Seguridad Integral Canaria, la principal empresa de seguridad del grupo Ralons, el que aglutina la mayoría de sociedades de Ramírez.