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Oct 7, 2020

Concluyen dos investigaciones contra el presidente del Cabildo, por una licencia en La Pared y por Gesturpa, y se acelera la causa por acoso sexual en Puerto del Rosario.

El futuro de algunos de los principales cargos públicos de la Isla no solo se escribe en las urnas. Los Juzgados de Puerto del Rosario están marcando, sin duda, el inicio del curso político en Fuerteventura. Dos de las causas están protagonizadas por el presidente del Cabildo, Blas Acosta, por hechos relacionados con su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara.

El tercer procedimiento judicial ha revolucionado el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, por la querella por acoso sexual de la exasesora Yaiza Sotorrio contra el concejal José Juan Herrera. Estas son las claves de las tres causas:

La Pared. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos ha dictado un auto en el que da por concluida la instrucción de un caso de presunta prevaricación administrativa de toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara de 2010.

En enero de ese año se concedió una licencia de primera ocupación en La Pared, según recalca la Fiscalía, con informes técnicos desfavorables. En el procedimiento judicial están investigados Blas Acosta, que fue edil de Urbanismo de Pájara, el entonces alcalde Rafael Perdomo, que sigue en el ayuntamiento como concejal del grupo de gobierno, o la actual diputada autonómica Rosa Bella Cabrera. También figuran como investigados Ramón Cabrera, Jesús Manuel Umpiérrez y Antonio Jiménez, que formaban parte de aquella Junta de Gobierno de Pájara.

En un auto de este mes de septiembre, que no había trascendido hasta ahora, el Juzgado da por finalizada la fase de diligencias previas y dicta la apertura del procedimiento abreviado, al tiempo que pide a la Fiscalía y a la acusación popular, ejercida por la asociación de vecinos Viejo Rey, que formulen sus escritos de acusación o pidan el sobreseimiento. En ambos casos, todo hace indicar que habrá acusación y petición de apertura del juicio oral.

El colectivo vecinal fue el que interpuso una querella por una amplia batería de presuntas irregularidades en el desarrollo de la urbanización de La Pared. Y la Fiscalía desgajó del abanico de hechos denunciados esta pieza separada. La estrategia de las defensas pasará por volver a pedir el archivo, como ya hicieron sin éxito, ante el propio Juzgado y en apelación a la Audiencia.

El juez estima que existen “indicios racionales” de prevaricación de la Junta de Gobierno de Pájara de 2010

El juez instructor estima que existen “indicios racionales” de que los investigados votaron a favor de la concesión de una licencia de primera ocupación para una edificación levantada en La Pared (sobre la parcela 11 del polígono R6), a pesar de que eran “conocedores” de que ese permiso acreditaría “que la obra está completamente ejecutada” y que “se ajusta a la licencia de obra otorgada”.

Sin embargo, añade el juez, “ya entonces los investigados eran conscientes, presuntamente, de que las obras de urbanización” de La Pared “no habían sido terminadas”, un requisito obligado, y de que el permiso de primera ocupación “no se ajustaría a la licencia de obra otorgada”, ya que se informó desfavorablemente su concesión por los técnicos municipales.

El juez también recuerda que en noviembre de 2008 el Ayuntamiento había denegado esa licencia de primera ocupación de la vivienda. El permiso de construcción se otorgó en septiembre de 2001. Fuentes próximas a las defensas consideran que “parece un exceso de celo” que se haya tramitado una causa penal por esta licencia.

En sus recursos sostienen que la urbanización de La Pared estaba “terminada”, que la licencia de construcción era “ajustada a derecho” y que no se puede culpar a los cargos públicos investigados de haber cometido un acto arbitrario e injusto.

Gesturpa. En el procedimiento que tramita el Juzgado número seis de Puerto del Rosario el único investigado (que ha pasado a encausado en septiembre) es Blas Acosta, que fue administrador de la empresa Gestión Urbanística de Pájara, propiedad del ayuntamiento e ideada, en principio, para la promoción de vivienda pública.

La jueza resalta que Acosta fue administrador de Gesturpa de 2003 a 2015 (hasta 2011 de forma mancomunada y desde entonces único). La compañía terminó con una abultada deuda. La instructora de la causa sostiene que, “desde al menos el ejercicio 2009, Gesturpa incurría en causa de disolución, por ser su patrimonio neto inferior a la mitad de su capital social”, algo que no se acordó hasta 2016.

Pese a la deuda que arrastraba, “a que la cifra de negocios en 2011 y 2012 es cero, no alcanzando los 100.000 euros en los ejercicios posteriores, en el año 2012 se adquirió un préstamo” por más de 1,6 millones, “cuyo destino no está justificado y a sabiendas de que no se iba a poder devolver por la falta de actividad de la sociedad, generando un sobre endeudamiento de la entidad y agravando la situación económica de la misma”.

La jueza detalla que había “partidas” en la empresa que “carecen de justificación”, como una “supuesta transferencia” de 100.000 euros. Advierte de unos gastos por suministros eléctricos, por 897.000 euros, que Gesturpa pagó “en nombre” del ayuntamiento sin luego recuperar el dinero. Y asegura que la empresa debería haber declarado unas pérdidas que no se reflejaron en las cuentas. En esa línea, recalca que en las cuentas de 2010 a 2015 se “incluían datos falseados que no reflejaban la imagen fiel” de la empresa.

La jueza aprecia un presunto delito societario, otro de administración desleal y uno más de insolvencia punible. La denuncia inicial en Fiscalía la presentó Margarita Martín, exconcejal en Tuineje por el PSOE. En la instrucción del caso Gesturpa se intentó personar una empresa del hotelero Gregorio Pérez, en calidad de perjudicada (los citados suministros eléctricos fueron para una urbanización en Costa Calma de la que es promotor y le encarecieron la factura de electricidad). También ejerció la acusación popular, durante la instrucción, Votemos Fuerteventura.


La exasesora Yaiza Sotorrio.

Puerto del Rosario. La investigación por acoso sexual en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha vivido ya su primer episodio judicial. El 29 de septiembre declaró la denunciante, Yaiza Sotorrio, exasesora municipal que se ratificó en la querella contra el edil José Juan Herrera por acoso, y contra el alcalde, Juan Jiménez, por no intervenir.

Las declaraciones de la querella por acoso sexual en Puerto del Rosario se prolongan a noviembre

Sotorrio reiteró en el Juzgado las proposiciones sexuales de Herrera, documentadas en 205 páginas de conversaciones a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, y que le instó a mantener relaciones en su despacho oficial. De la querella han trascendido comentarios de Herrera como: “Follamos o no follamos, si no, ya verás…” o “mira como tengo la mesa, preparadita, aquí se puede hacer de todo”.

La versión de Sotorrio la avalan los concejales Manuel Travieso (AEPR) y Mayra Marichal (AMF), que comparecieron el 29 de septiembre en calidad de testigos y aseguraron en el Juzgado que pusieron en conocimiento del alcalde, Juan Jiménez, el presunto delito de acoso sexual. A Jiménez y Herrera se les ha citado para el 6 de noviembre.

Por ahora, el alcalde ha logrado mantener la mayoría en el ayuntamiento. En el grupo de gobierno, por parte de diferentes partidos, se ha identificado la querella con un intento de forzar la destitución de Herrera y abrir la puerta a una moción de censura. Pese a lo que podía parecer en julio, cuando saltó la denuncia y se desató una tormenta política que trascendió las fronteras insulares, en vez de separar a los integrantes del equipo de gobierno, ha generado el efecto contrario.

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