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Abr 2, 2021

Entre el cielo y el infierno hay solo una delgada línea. En cuestión de días se puede pasar de atesorar el poder de un Cabildo de 135 millones de euros, de controlar la ventanilla única de Presidencia y de manejar con mano de hierro el partido, a tratar de esquivar sin ninguna fortuna los acontecimientos -“¿lo tienes que publicar ahora?”- y sin terminar de entender las claves de la nueva situación.

01. A las 10.10 horas de la mañana del 17 de marzo, Blas Acosta firmó su dimisión como consejero del Cabildo de Fuerteventura. Ese mismo día está fechada la diligencia del Juzgado número seis de Puerto del Rosario que ordena remitir “al Juzgado de lo Penal que por turno corresponda” el caso Gesturpa, la antesala de que se fije día y hora para el juicio, en el que se enfrentará a una petición de condena de cuatro años y tres meses de cárcel y “la cantidad que se determine” por “los perjuicios económicos causados” a una empresa cien por cien pública.

¿A cuánto asciende ese quebranto económico? El fiscal destaca 1.706.787 euros, con sus 91 céntimos, de un préstamo concedido por el Ayuntamiento de Pájara -para supuestas deudas que “no figuraban en la contabilidad”- a sabiendas de que “nunca” podría devolverlo. Suma 897.270 euros para el pago a una empresa (Mahlec) de una factura que tampoco estaba contabilizada en la sociedad pública, para un encargo que no le correspondía y del que nunca reclamó el correspondiente abono. Cuando cesó en su cargo de administrador de la empresa municipal, el capital social tenía en negativo casi dos millones de euros. Todo un logro para resaltar en el currículum del viceconsejero de Economía que necesita Canarias en medio de la peor crisis que han vivido varias generaciones.

02. En la mañana del 8-M, el presidente del Gobierno de Canarias anuncia a bombo y platillo que encajará a Blas Acosta como número dos de la Consejería de Elena Máñez -una vez se hubo apeado a regañadientes de la carrera por el escaño (y aforamiento) en el Senado- sin la deferencia de comunicárselo previamente a la titular de la cartera, otra majorera, Almudena Estévez. En ese momento, hacía ya seis días que la abogada de Acosta había suscrito su escueto escrito de defensa del caso Gesturpa: cuatro líneas que se resumen en un “disconforme” con “los escritos de la acusación pública”.

La sucesión de los hechos es la siguiente: el 2 de febrero, la magistrada María Coromoto Lozano dicta el auto en el que considera que “las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad” penal al único acusado y “declara abierto el juicio oral”. Contra este auto “no cabe recurso”, salvo “en lo relativo a la situación personal del acusado”, una apostilla que no es de aplicación para Acosta. En esa resolución también le da a la representación del entonces presidente del Cabildo majorero el plazo correspondiente para que presente su escrito de defensa, fechado el 2 de marzo.

Seis días después, Torres inicia la mayor polémica desde que es secretario regional de los socialistas canarios anunciando el fichaje de Acosta para el Gobierno. Dos días más tarde, desde el PSOE se justifica a Podemos -que critica con dureza el nombramiento- que la normativa interna de los socialistas siempre habla de apertura de juicio oral, una “situación que por ahora no ha sucedido”. Hay dos opciones: o aquella afirmación totalmente falsa se comunica a los socios del ‘Pacto de las Flores’ de forma deliberada y consciente o, peor aún, el acusado no había informado a la dirección de su partido de lo avanzadas que están sus causas judiciales. En las jornadas siguientes, Ángel Víctor Torres se desgañitaría en promocionar los atributos de Acosta: sus “conocimientos económicos”, su “gran experiencia en gestión” y, en la alabanza final, que “habla varios idiomas”, cualidad de la que no ha presumido ni siquiera el elogiado.

03. El 22 de marzo, este periódico publica a primera hora -después de acceder al auto de apertura de juicio oral, que se desconocía y del que no se había informado- la situación procesal de Blas Acosta en el caso Gesturpa que, de seguir el código ético del PSOE, habría provocado su renuncia a todo y su baja voluntaria del partido. Ese artículo 5.2 destinado a “cualquier cargo público u orgánico” al que “se le abra juicio oral por un procedimiento penal”, que a priori no deja lugar a dudas y que, de forma interesada, se ha tratado de confundir con otro precepto, más laxo, destinado a los simples afiliados. A estos -una categoría a la que no pertenece Acosta, todavía secretario del PSOE de Fuerteventura y con ganas, dice, de repetir- se les suspende cautelarmente de militancia cuando se les abre juicio oral por, entre otros, delitos “ligados a la corrupción”, un concepto más popular que jurídico.

La jugada ha sido rocambolesca: la dirección regional del PSOE ha tratado, ante sus socios, de quitar hierro a los delitos de los que se acusa a Blas Acosta en el caso Gesturpa (administración desleal e insolvencia punible), pese a que presuntamente se cometieron en el hundimiento de una empresa pública. Y ha obviado que la Fiscalía pide otros tres años de cárcel por prevaricación urbanística -este sí un delito de los que inequívocamente el Consejo General del Poder Judicial cataloga como de corrupción- para quien manejó durante años el Urbanismo en Pájara, por la concesión de una licencia en La Pared con informes negativos.

04. La reacción de Acosta este pasado lunes fue la de quien trata de arañar un tiempo que se agota en una huida hacia adelante con destino a ninguna parte. ¿Cómo? Jugando a la confusión. Primero, aludiendo a que ha presentado un recurso sin aclarar todos los extremos, luego tirando de todo un clásico como es hacerse la víctima -“no puede ser que esté sometido a este asesinato de imagen”- y, por último, sugiriendo que detrás de la publicación de sus cuitas judiciales -“terrorismo informativo”, lo llama- hay una mano negra: “Lo que se pretende obviamente es atacar a un rival político por una editorial política (sic) vinculada a partidos políticos, claramente a C.C. y P.P, y en este caso a Podemos”. Sí, han leído bien. La cuadratura del círculo.

Hubo quien le compró esa mercancía averiada: el veterano columnista Francisco Pomares con una antológica falsedad para su hemeroteca -“en realidad no es cierto: no se ha producido aún la apertura de juicio oral”- o el locutor Evaristo Quintana en la SER con un editorial más tosco pero igual de falso: “A Blas no se le ha abierto juicio oral”. Ambos se apuntaron voluntarios a arietes mediáticos en la defensa de Acosta, quedando retratados, de paso, como unos auténticos indocumentados que tocan de oídas. Otros y otras prefirieron, simplemente, guardar silencio, como si el árbol que cae solo en el bosque y nadie está cerca para oírlo no hiciera ruido. Es más fácil levantarse 11.312,50 por “30 minutos mensuales de comunicación exclusiva del presidente (…)” que informar a los ciudadanos del presidente.

05. Efectivamente, el caso Gesturpa está ya en manos del Juzgado de lo Penal, al tratarse de peticiones de prisión que no superan los cinco años de cárcel. Y no, la defensa de Blas Acosta no puede recurrir el auto de apertura de juicio oral por estar disconforme con la decisión. Sí lo hizo cuando el Juzgado que instruyó el caso dio por concluida la fase de diligencias previas, el verano pasado. Un recurso que, por otra parte, no paraliza el procedimiento: desde entonces la Fiscalía presentó su escrito de acusación, la jueza abrió juicio oral, el acusado registró su escrito de defensa y el Juzgado de Instrucción remitió al Penal la causa para la vista.

Solo la Sección Primera de la Audiencia Provincial, presidida por Miguel Ángel Parramón, podría impedir que se juzgasen los presuntos delitos cometidos en la empresa pública Gesturpa y que el acusado se sentase en el banquillo. ¿Puede suceder? Se aparta de la lógica, pero no es del todo imposible. Cuando en la Audiencia pastoreaba el condenado juez Salvador Alba llegó a extirpar de una causa, por la incautación de una planta desaladora privada en Lanzarote sin orden judicial, al considerado ‘autor intelectual’ de la decisión, el abogado Ignacio Calatayud. La defensa de Acosta se agarra a un informe pericial cuyo autor no pudo sostener ante el Juzgado las conclusiones que de forma tan rotunda consignó por escrito. Cómo sería que después de su deposición la jueza instructora dio por concluida la investigación y siguió con el procedimiento. El C.D. con la grabación, aun con mala calidad de sonido, debe de estar en la documentación en manos de la Audiencia. Por si fuera necesario su visionado.

06. Este viernes, el pleno del Cabildo majorero certificó el abandono de un Blas Acosta que ha nadado en los últimos meses en un mar de incoherencias. Tras perder la mayoría en el Cabildo, reitera por activa y por pasiva que no piensa dimitir como presidente. Y dimite. Al abrirse la ventana del Senado reconoce que nunca tuvo interés en el puesto pero que sus compañeros le han animado a postularse. Y lo hace, y defiende su pedigrí frente a las críticas internas, y luego desiste. Muestra en público su “lealtad” a Ángel Víctor Torres, pero no entiende que se ha convertido en un problema que no se disimulará con su foto en el organigrama del Gobierno de Canarias, sino todo lo contrario.

En su adiós definitivo al Cabildo de Fuerteventura, la portavoz del P.S.O.E. soltó aquello de que “nadie es imprescindible”, tampoco Blas. Sin embargo, probablemente hasta ahora sí que se sentía intocable.

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