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Jul 5, 2021

Claudina Morales y Rosa Fernández, inhabilitadas nueve y ocho años, respectivamente, para empleo o cargo público por delitos cometidos al frente del Ayuntamiento.

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de las dos ex alcaldesas de La Oliva, Claudina Morales (C.C.) y Rosa Fernández (P.S.O.E.), condenadas a nueve y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, respectivamente, por un delito de prevaricación administrativa cometido cuando ostentaban el bastón de mando en el Ayuntamiento norteño.

Primero, el Juzgado de lo Penal con sede en Puerto del Rosario, en 2019, luego, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, en 2020, y, ahora, el Tribunal Supremo, este pasado mes de junio, han dejado claro que Morales y Fernández delinquieron al designar o mantener a trabajadores de baja cualificación del Ayuntamiento en puestos clave -Secretaría, Intervención y Tesorería- sin seguir el procedimiento legal establecido.

Tanto Claudina Morales –cuyo último cargo público fue el de directora del Instituto Canario de Igualdad como Rosa Fernández –designada asesora del Cabildo por Blas Acosta cuando ya estaba condenada- recurrieron en casación al Tribunal Supremo la sentencia ratificada por la Audiencia Provincial.

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La Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, rechazó su admisión a trámite y, contra esta medida, ya “no cabe interponer recurso ordinario alguno”. En todo caso, aclara la secretaria de la Sala Segunda del Supremo, contra la condena firme que pesa sobre Morales y Fernández podrían interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

No obstante, en la resolución del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, se recalca que “no han conseguido acreditar” que se hubiese producido una “vulneración de sus derechos fundamentales”.

Las dos ex alcaldesas alegaron ante el Supremo que las pruebas en su contra no eran suficientes para una condena penal y que las resoluciones que habían firmado para designar a trabajadores del grupo C en puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional, como el de secretario e interventor, habían sido validados con posterioridad por la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias.

Además, llegaron a sostener que fueron condenadas por “unas eventuales infracciones administrativas que, en su caso, debieron ser resueltas en el marco de la jurisdicción contencioso administrativa” y no en el ámbito penal.

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El Tribunal Supremo resalta en su resolución la base de la condena que pesa sobre las dos exalcaldesas. En el caso de Rosa Fernández, el 31 de julio de 2008, el mismo mes que accede a la alcaldía con el apoyo de Domingo González Arroyo tras desbancar a Claudina Morales a través de una moción de censura, emite un decreto, sin expediente administrativo, en el que nombra a Rita Darias Umpiérrez interventora accidental de La Oliva. La trabajadora era técnico administrativo y su formación se reducía al bachillerato.

En los tres años siguientes ni se aprobaron las bases para cubrir el puesto ni se enviaron al Gobierno de Canarias para su publicación, por lo que nadie más pudo acceder a esa plaza, que quedó, así, blindada.

La sentencia ahora declarada firme subraya que la entonces alcaldesa actuó “a sabiendas y con pleno conocimiento de la evidente ilegalidad de su conducta”, infringiendo la legislación y quebrando el “recto y normal funcionamiento de la Administración”.

Así, utilizó el sistema de nombramiento accidental para un puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, que solo es “admisible” en el caso de que la plaza no se cubra por un trabajador con esa categoría.

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Actuaron “con conocimiento de la ilegalidad” de designaciones de personal

Ni hubo expediente previo al nombramiento, ni se pidió el “preceptivo informe” a la comunidad autónoma sobre si había funcionarios con habilitación nacional interesados en el puesto de trabajo y se vulneraron “los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad”.

Además, la sentencia destaca que desde 1998 hasta 2008 el puesto de interventor en el Ayuntamiento de La Oliva sí había estado desempeñado por un funcionario

habilitado de carácter nacional.

El mismo modus operandi llevó a cabo Claudina Morales en diciembre de 2011, después de haber recuperado la alcaldía de La Oliva. Ese mes acordó la destitución de la funcionaria habilitada nacional Elena Puchalt y designó “al mismo tiempo” a Rosa Delia Cabrera, técnico administrativo del Ayuntamiento, “para desempeñar las funciones de secretaria accidental”.

Al igual que había hecho Fernández tres años antes, ni hubo expediente previo a la decisión, ni se consultó a la comunidad autónoma si había funcionarios disponibles, ni se siguió el procedimiento legal, “careciendo de la más mínima motivación exigible”.

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Polémico tesorero

En su mandato, Morales también miró para otro lado. A José Hilarión Cabrera se le habían atribuido, en un pleno de julio de 1991, las funciones de recaudación y tesorería del Ayuntamiento, “al no existir” en aquel momento “el cargo de tesorero”.

Sin embargo, en abril de 2013, Función Pública del Gobierno de Canarias crea el puesto de tesorero municipal. “A sabiendas de la patente y clara ilegalidad de su conducta”, destaca la sentencia, la entonces alcaldesa no aprobó las bases para cubrir el puesto, reservado para funcionarios con habilitación nacional, mediante una convocatoria pública. Al contrario, mantuvo en el puesto a Hilarión Cabrera.

En su recurso al Supremo, Morales sostenía que “tenía la capacitación legal necesaria para ejercer tal función”. En la sentencia, ahora firme, se destaca: “No se puede mantener seriamente que una persona que tiene el graduado escolar reúna los requisitos de capacitación para ser tesorero de un ayuntamiento que maneja un presupuesto de 20 millones de euros”.

El propio Ayuntamiento de La Oliva presentó el año pasado escrito de acusación contra Hilarión Cabrera, al que solicita ocho años de cárcel, 15 de inhabilitación y una indemnización de 619.469 euros, en el llamado caso Caja Fuerte. En 2017 se descubrió que en la cuenta de caja del Ayuntamiento faltarían algo más de 600.000 euros.

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