La polvareda se ha desatado entre los fiscales. Determinadas áreas del Ministerio Público y sectores ligados a la Asociación de Fiscales han puesto el grito en el cielo por la parcialidad mostrada por la fiscal general Dolores Delgado en los últimos días. La causa de la polvareda se centra en que Delgado ha permitido el interrogatorio al ex ministro español Martín Villa en Argentina por varios episodios sangrientos ocurridos entre 1976 y 1978 en los que hubo 12 fallecidos. Y, mientras, la misma fiscal general mantiene bloqueada la petición de la Fiscalía de Bolivia de que testifique Pablo Iglesias por los pagos realizados por Evo Morales a Podemos.
“Si nuestras acciones delatan una absoluta parcialidad, nuestro cometido, prestigio e independencia desaparecen”, señala una fuente jurídica plenamente conocedora de la polvareda desatada en la Fiscalía con motivo de las últimas actuaciones y decisiones de la fiscal general.
Las fuentes consultadas por OKDIARIO recuerdan que el ex ministro del Interior durante los gobiernos de la Transición, Rodolfo Martín Villa, ha criticado ya abiertamente la maniobra de Dolores Delgado, que ha permitido que la Justicia argentina le interrogue por su presunta responsabilidad penal en varios episodios sangrientos ocurridos entre 1976 y 1978, en los que hubo 12 fallecidos.
Delgado ha decidido dejar sin efecto una orden firmada por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, para permitir la actuación judicial contra Martín Villa. En esa orden previa se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatoriasrelacionadas con la causa abierta en Argentina sobre los crímenes del franquismo.
Cambio de criterio
Fruto de ese cambio de criterio ordenado por Dolores Delgado, el ex ministro Rodolfo Martín Villa ha tenido que defenderse ante la juez argentina Maria Servini por la muerte de 12 personas: “Es imposible que hubiese un genocidio en la Transición», ha asegurado el ex ministro de 85 años, una acusación que le parece «monstruosa», ha añadido.
Martín Villa ha tenido que comparecer ante la juez por vía telemática desde el Consulado de Argentina en Madrid para responder a las acusaciones que pesan sobre él.
«He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de en presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio», ha manifestado el ex ministro a la juez.
Todo ello ha ocurrido mientras la misma Dolores Delgado mantiene bloqueada la petición de declaración en condición de testigo de Pablo Iglesias por los pagos a Podemos procedentes del Gobierno de Evo Morales.
La Fiscalía General de Bolivia ha reclamado el testimonio de Pablo Iglesias, y también el de Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón por la extraña entrada de agentes españoles las pasadas navidades en la Embajada de México en La Paz. La Fiscalía de Bolivia sospecha que esa actuación -ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez- pudo tener como trasfondo el intento de control de la información de algunos de los presentes en esa sede diplomática en materias como los pagos de Evo Morales a Podemos.
El Gobierno y la Fiscalía de Bolivia, sin embargo, han topado con el freno del Gobierno español, que dilata por medio de la Fiscalía española y su responsable máxima, Dolores Delgado, la testifical reclamada de los grandes fundadores de Podemos. Y es que esa declaración puede suponer la obtención de información clave que se sumaría a las imputaciones ya comunicadas por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid sobre la financiación B del partido morado y sus movimientos de fondos por medio de la consultora Neurona.
El titular del Juzgado 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado incluso a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.
La última palabra
El magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas -así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias-, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente. Pedro Sánchez es consciente del impacto y relevancia que puede tener la declaración de Iglesias ante la Fiscalía de Bolivia y ha exigido que se frene.
Delgado tiene la última palabra para agilizar o retrasar la petición de sus homólogos bolivianos en las investigaciones sobre la financiación ilegal de Podemos. Y esa palabra es la de retrasar al máximo, pese a que el documento en poder de OKDIARIO prueba que la solicitud de declaración fue adoptada por el Gobierno de Bolivia el pasado 4 de enero.
El ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo, remitió a la Fiscalía boliviana, a las 8.31 hora local de aquel 4 de enero, una carta en la que solicitaba la declaración de los fundadores de Podemos Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. La petición incorporaba igualmente la petición de testifical del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del ex juez Baltasar Garzón por sus vínculos con Evo Morales.
El escrito, dirigido a Fausto Juan Lanchipa Ponce, fiscal general del Estado, afirmaba: «Señor fiscal, como es de conocimiento público en fecha de 27 de diciembre de 2019 un grupo de personas encapuchadas identificados como súbditos españoles buscaron romper un cerco de seguridad de la policía boliviana en torno a la Embajada de México, donde presuntamente se asilan una decena de funcionarios del gobierno de Evo Morales Ayma».
La citación pretende esclarecer igualmente las relaciones de determinados cargos del antiguo Gobierno de Evo Morales con el narcotráfico y el uso de ese dinero hacia la propagación de iniciativas políticas de extrema izquierda.