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» El fiscal pide para Miguel Ángel Ramírez 21 años de cárcel y 105 millones de multa por S.I.C. «

Poractualidadcanarias

Oct 20, 2020

Según el escrito: «cualquier minoración» de las retribuciones de la plantilla «supone un incremento del margen de beneficio de la entidad y, por tanto, de su socio abrumadoramente mayoritario, el acusado don Miguel Ángel Ramírez».

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La Fiscalía solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa para el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a quien acusa de haber defraudado 36,66 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social a través de la empresa de vigilantes Seguridad Integral Canaria entre los años 2012 y 2017.

La acusación pública pide, a su vez, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de Seguridad Integral en 2011, en un movimiento que el Ministerio Fiscal considera una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero siguió «siguió tomando todas las decisiones» como propietario del 91 % de la compañía.

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La Fiscalía sostiene que Ramírez y De Armas recurrieron de forma sistemática a una serie de «ficciones» en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de comienzos de la pasada década, pero que en realidad buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de «perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores».

Según un escrito al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Fiscal imputa a Ramírez cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social, mientras que a De Armas le reprocha tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

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La Fiscalía examina en su calificación las operaciones que Seguridad Integral Canaria llevó a cabo a partir de 2011 para reducir su masa salarial (el grueso de los gastos en su negocio), que le permitieron adjudicarse numerosos concursos públicos de vigilancia en toda España, a los que acudía con unos costes muy inferiores a los de su competencia, que sí pagaba el convenio sectorial.

La primera de esas maniobras, detalla, fue «camuflar» las horas extras que hacían sus vigilantes y abonárselas como si fueran dietas, «por una razón obvia», subraya la fiscal del caso: con las dietas no tenía que retener cantidades a sus empleados de cara al IRPF y se ahorraba cotizar por esos pagos a la Seguridad Social.

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Por esa vía, añade, Ramírez eludió el pago de 6,60 millones de euros a Hacienda y de otros 11,45 millones a la Seguridad Social.

El resto de cantidades presuntamente defraudades por ambos procesados al erario público provienen de los acuerdos de empresa que Seguridad Integral aplicaba a su plantilla tras «descolgarse» del convenio nacional del sector de la seguridad privada.

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Los dos acuerdos de empresa resultaron anulados por el Tribunal Supremo, en sentencias que establecían que Seguridad Integral Canaria debería haber pagado a sus trabajadores conforme al convenio del sector desde 1 de marzo de 2012.

Al no aplicar el convenio del sector, subraya la Fiscalía, Seguridad Integral Canaria mantuvo en una «situación de precariedad a sus trabajadores» que le permitió no abonar determinados conceptos que en realidad les correspondían y por los que tampoco tributó.

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La acusación recuerda que en un negocio intensivo en mano de obra como el de la seguridad privada, «cualquier minoración» de las retribuciones de la plantilla «supone un incremento del margen de beneficio de la entidad y, por tanto, de su socio abrumadoramente mayoritario, el acusado don Miguel Ángel Ramírez».

El escrito propone además que se condene al actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas a indemnizar con 30,06 millones de euros a la Seguridad Social y con 6,60 millones Hacienda.

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De esas cantidades, añade, debería responder de forma solidaria Héctor de Armas hasta el límite de 23,47 millones en el caso de la deuda con la Seguridad Social y 3,44 millones en el de Hacienda.

El último instructor que ha tenido esta causa, por la que han pasado una decena de jueces desde su apertura, ya ha ordenado la apertura de juicio oral contra los dos procesados.

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