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» El consejero delegado de la empresa pública de viviendas en Canarias tiene una inmobiliaria y es yerno de Casimiro Curbelo «

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Jul 28, 2021

Ante una denuncia de un despacho de abogados, el Gobierno asegura que Agustín Fernández no cobra sueldo de la Administración y por ello no infringe la normativa de incompatibilidades. El director general de Patrimonio, que se ocupa del control de las empresas públicas de la autonomía, se enteró este jueves de esa dualidad.

El consejero delegado de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias, S.A., (Visocan), Agustín Fernández Clemente, compatibiliza ese puesto con el de administrador solidario de la inmobiliaria Agnante Inversos S.L., que a través de otras sociedades promueve la venta de viviendas en la isla de Tenerife. Un despacho de abogados ha denunciado esta doble actividad pública y privada ante la Consejería de de Obras Públicas, Transportes y Vivienda al estimar que es susceptible de ocasionar un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas y por entender que se incumple la Ley 3/1997 de 8 de mayo de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la autonomía. Por ello, ha reclamado la apertura de un expediente sancionador y depurar las responsabilidades correspondientes. Fernández es pareja de la hija menor de Casimiro Curbelo, líder de uno de los cuatro partidos que sustentan el pacto regional en Canarias.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, competente en estos trámites, recibió la denuncia remitida al área de Vivienda el pasado 24 de abril. “Esta persona no incurre en la ley de incompatibilidades porque, dado que su puesto no es remunerado, no es considerado un alto cargo”, ha explicado una fuente oficial del Gobierno regional a preguntas de este periódico.

Sin embargo, la normativa especifica que los altos cargos, como los consejeros delegados de sociedades mercantiles públicas, ejercerán sus funciones con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública que no derive de su ejercicio y con el de toda clase de profesiones liberales y actividades mercantiles e industriales.

Pero el Gobierno de Canarias entiende que, en la misma normativa, se especifica que los altos cargos -presidentes, consejeros delegados, directores ejecutivos de sociedades mercantiles con una participación de la administración regional sea mayoritaria- deben ser remunerados para ser considerados como tal. Y, por ello, descarta la posibilidad de tramitar un expediente sancionador al consejero delegado de Visocan.

De hecho, Fernández es el único consejero delegado de empresas públicas que no recibe salario, según ha podido confirmar este periódico. Todos los demás o lo perciben, como es el caso de las empresa Gesplan, Gestur, Gestión del Medio Rural y Sodecan, o cobran otro salario de la Administración por ser altos cargos (generalmente consejeros o viceconsejeros del Gobierno).

Preguntado por esta dualidad profesional del consejero delegado de Visocan, el director general de Patrimonio del Gobierno canario, José Julian Isturiz, reconoció a este periódico haberse enterado este mismo jueves de la actividad profesional que desempeña en paralelo. El departamento de Isturiz se ocupa precisamente del control de las empresas públicas de Canarias, y él también estima que la incompatibilidad sólo sería de índole ética, dada la competencia que pudiera ejercer en el mercado inmobiliario la construcción de viviendas de promoción pública, que es el objeto social de Visocan.

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Conoce “bien” a la hija de su mentor

Fernández Clemente es una de las muchas personas que ha colocado en puestos estratégicos de la Administración autonómica el presidente del Cabildo de La Gomera y de la Asamblea Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo. Los tres escaños que consiguió en las últimas elecciones regionales y su integración en el pacto de gobierno de Canarias le han permitido controlar consejerías y empresas públicas de alto valor planificador e inversor. Además de la Consejería de Turismo y la poderosa Promotur, Curbelo controla Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. (Gesplan), Gestur (gestión y promoción urbanística), así como el Área de Salud de La Gomera o Puertos Canarios, entre otros departamentos.

En el caso de Visocan, Curbelo colocó en el puesto de consejero delegado al que es pareja sentimental de su hija menor, María Curbelo, según han confirmado varias fuentes de Visocan y de la Administración autonómica. El interesado no lo ha confirmado ni lo ha desmentido a preguntas de este periódico: “La conozco bien”, se limitó a decir lacónicamente. Fue Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y factotum del pacto que sostiene ahora mismo al Gobierno regional, quien impuso su nombre al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, del PSOE, que es el que preside Visocan. Además, Fernández Clemente fue impuesto para otra empresa dependiente de esa misma consejería, Gestur.

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Además de a Fernández, Casimiro Curbelo también ha colocado en Visocan al que fuera presidente ejecutivo de Radio Televisión Canaria durante el Gobierno de Fernando Clavijo, Santiago Negrín, que ha evitado colaborar con este periódico para la realización de este reportaje.

La empresa pública de viviendas de Canarias cuenta con un gerente, Víctor González, cuyo cargo sí es retribuido, y el consejero delegado, según el propio Fernández Clemente, funciona como enlace entre el resto de consejeros y la gerencia. En realidad, la función estatutaria de un consejero delegado es la de defender los intereses de la propiedad, que en este caso son los del Gobierno de Canarias. De ahí que tradicionalmente este tipo de puestos de responsabilidad lo asuman miembros del Ejecutivo,

generalmente con la categoría de viceconsejeros o directores generales.

Agustín Fernández Clemente accedió al cargo en diciembre de 2019 y defiende que vive de su actividad privada sin percibir remuneración alguna en Visocan, ni tampoco como consejero en otra empresa pública del Gobierno regional en la que también ha sido colocado: Gestión y Promoción de Urbanística en Canarias (Gestur S.A.), entidad que entre otras competencias tiene la redacción y gestión de instrumento de ordenación y planificación,

además de la construcción de edificios.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, Fernández Clemente se dedica desde hace más de una década al sector inmobiliario. Junto a su hermana, fundó Agnante Inversos S.L. en 2009, una entidad que se dedica a la inversión en mercados de capitales, en el empresarial y en el inmobiliario. Según la denuncia presentada por el despacho de abogados a la Consejería de Viviendas, a través de esa empresa es administrador único de Fireof Magament S.L., una plataforma hipotecaria con sede en Santa Cruz de Tenerife. Y en su perfil profesional en Linkedln se recoge que forma parte de esta mercantil desde 2016 hasta la actualidad.

Esta empresa anuncia una veintena de inmuebles en diferentes portales, como fotocasa.com o idealista.com, ubicados todos ellos en Arona o en Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife. En este último municipio, concretamente en el Médano, Fireof promovió 18 pisos de obra nueva a través de otra empresa denominada Quantum Servicios Corporativos S.L., de la que también es administrador único Agnante Inversos S.L., según el escrito del despacho de abogados.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha confirmado a este periódico que ha recibido alegaciones el pasado 9 de junio del despacho de abogados a su informe, en el que expuso los motivos por los cuales Fernández Clemente no infringía la normativa de incompatibilidades. “En el caso de Visocan, ha vuelto a analizar que de esta no cobra”, pero la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios “ha requerido más certificación para conocer si cobra de alguna entidad”, señala.

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