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» El Cabildo y el C.D. Tenerife » implicados en una corrupción urbanística en Geneto «

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Nov 12, 2020

El Cabildo de Tenerife incurrió en un “menoscabo de los caudales públicos” para la compra en 2012 de dos terrenos que se encuentran en la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Tenerife en Geneto, La Laguna.

Antonio Messía de Yraola, interventor general de la Corporación insular, revela un presunto caso de corrupción urbanística en un escrito firmado el pasado 9 de octubre y remitido a la sala de lo penal de la Audiencia Provincial, a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y la Audiencia de Cuentas de Canarias. El interventor lo denuncia, a los ocho años de producirse la operación urbanística, después de recibir el 21 de julio un informe suscrito por la consejera delegada del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y la responsable del área de prevención de delitos del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), ambas entidades dependientes del Cabildo, que alertan de una sucesión de irregularidades en la operación constitutivas de un posible delito de administración desleal, prevaricación, malversación y responsabilidad contable.

Antonio Messía ve indicios para actuar contra los responsables de esta compraventa por suponer un “uso irregular de fondos públicos” para la adquisición el 24 de enero de 2012 de dos fincas al C.D. Tenerife y la empresa público-privada NAP de África (Neutral Access Point) que ocupan una superficie de 30.700 metros cuadrados y por las que el Cabildo pagó 18,9 millones de euros. En el momento en el que se ejecutó esta adquisición, el presidente de la Corporación insular era Ricardo Melchior (C.C.), hoy retirado de la política. Para el interventor, el Cabildo pagó por esos terrenos más de cinco veces su valor real (un 524 por ciento) según a una tasación sospechosa e irregular con un valor real de mercado, elaborado con “con una falta de rigor y exactitud”, muy superior al precio de fincas similares en Geneto. Es decir, se pagaron 18,9 millones cuando los terrenos valían 3,6 millones, según el informe del interventor adelantado el martes por Mírame Televisión en su programa Canarias al Día.

Así, para la estimación se utilizó, siempre según la denuncia del interventor general de la Corporación insular, el valor por metro cuadrado de locales comerciales situados en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife calle El Pilar, Castillo, Valentín Sanz, Ramón y Cajal, Rambla Pulido, así como de naves del Polígono Industrial de El Mayorazgo también en la capital tinerfeña– y de garajes del centro de La Laguna –calle Maya y Manuel de Ossuna. Los precios de referencia son muy superiores a los de los terrenos de la operación, situados a las afueras de La Laguna, debajo del aeropuerto de Los Rodeos.

Antonio Messía también denuncia, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, otra serie de irregularidades en la operación: la compraventa se hizo sin una causa que la justificara, sin razones para que la adquisición se hiciera de forma directa y no a través de un concurso público y con una tasación que además de estar inflada había caducado. “No se dan los elementales principios de prudencia y buena gestión financiera”, resalta el interventor en su informe, para añadir: “no se respetó el principio de buena administración”. “Puede haberse producido un menoscabo de caudales públicos constitutivo de los posibles delitos de administración desleal, prevaricación y malversación”, concluye el responsable de autorizar y fiscalizar todos los actos del Cabildo de Tenerife.

Los movimientos urbanísticos que concluyeron con la compraventa de estas dos fincas objeto de la denuncia arrancan en el año 1999, cuando el C.D. Tenerife desciende a Segunda División tras 10 temporadas seguidas en la élite del fútbol español. Entonces, el Cabildo comienza a realizar una serie de desembolsos al C.D. Tenerife para ayudarlo a sanear sus cuentas, que en ese momento acumulan una deuda superior a los 50 millones de euros, y construir una ciudad deportiva en Geneto. A través de dos convenios –1999 y 2002–, la Corporación aporta 11,3 millones de euros a un club que desde 1993 es sociedad anónima deportiva.

Compra de terrenos de la Ciudad Deportiva (1997)

Dos años antes de que el Cabildo comience a prestar una ayuda económica millonaria al CD Tenerife para propiciar su supervivencia, el club, presidido en ese momento por Javier Pérez, adquiere una extensión de 99.100 metros cuadrados en Geneto y Los Baldíos, en el municipio de La Laguna, por 1,7 millones. Dada la catalogación de estos terrenos en el Plan General de Ordenación –dotación sociocultural en la categoría deportiva con usos compatibles al turístico–, allí se puede construir la ciudad deportiva con la que sueña Javier Pérez. La mayor parte del dinero que aporta el Cabildo en 1999 y 2002 va para ese proyecto.

Los terrenos se dividen para vender parte de ellos (2005)

Pese a las subvenciones del Cabildo, la sociedad anónima deportiva sigue en barrena económica. Es tan delicada la situación que la continuidad del club en las ligas profesionales corre peligro. De ahí que en 2005 el club decida dividir en varios lotes los 99.100 metros cuadrados para vender algunos de ellos y obtener rentabilidad con la que reducir la deuda. Ese año, el C.D. Tenerife solicita al Cabildo que renuncie al derecho de tanteo –la facultad que ostenta una persona o entidad para adquirir con carácter preferente una propiedad que se va a enajenar a un tercero– para subastar uno de estos lotes bajo el proyecto de desarrollo urbanístico denominado Parque Empresarial Tenerife Siglo XXI. La administración insular acepta la renuncia –el interventor en su denuncia asegura que desconoce por qué desechó ese derecho tras la gran inversión realizada– pero la subasta fracasa al no presentarse ninguna oferta.

Es entonces cuando accionistas del C.D. Tenerife y empresarios destacados de la Isla constituyen la entidad Tenerife de Inversiones y Proyectos SA, como promotora inmobiliaria del club. Esta sociedad adquiere un lote de 30.700 metros cuadrados por 16 millones de euros tras conseguir un crédito de 30 millones concedido por CajaCanarias, entidad bancaria ya desaparecida. La promotora divide a su vez esta finca en dos: una de 17.442 metros cuadrados y otra de 13.258.

Entra en escena el NAP de África (2007)

El 12 de marzo de 2007, la entidad NAP de África Occidental Islas Canarias SA, en cuyo capital participa el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER, cuyo accionista mayoritario es el Cabildo) y empresarios destacados de la Isla, compra a la promotora del CD Tenerife la finca de 17.442 metros cuadrados para instalar el Datacenter (punto de acceso neutro a internet para Canarias y África Occidental) por 9 millones de euros, gracias a un préstamo también concedido por CajaCanarias. En este punto empiezan las irregularidades, según el interventor del Cabildo de Tenerife. Antonio Messía se pregunta en su informe cuál fue la intención del NAP en esta operación cuando el Decacenter se iba a instalar en los terrenos del ITER del municipio de Granadilla de Abona, donde de hecho hoy se encuentra operando. También se pregunta bajo qué criterio se valoraron esos terrenos en 9 millones de euros.

El C.D. Tenerife absorbe su promotora con todas las deudas (2008)

Después de la venta del mencionado lote de terrenos al NAP, el C.D. Tenerife absorbe a la promotora inmobiliaria y también su deuda, que asciende a 10,6 millones. La razón que alegaron entonces los responsables del club Miguel Concepción lleva en 2008 dos años como presidente de la entidad es la escasa actividad de la promotora desde su constitución por las trabas burocráticas que debe sortear cualquier proyecto.

Contrato de opción de compra entre el Cabildo y el C.D. Tenerife (2011)

El siguiente paso de esta compleja operación se produce en abril de 2011. El Cabildo de Tenerife firma un contrato privado con el CD Tenerife con una opción de compra de suelo de los terrenos de la Ciudad Deportiva, que se había inaugurado en 2003 y que solo ocupa una parte de los 99.100 metros adquiridos por el club en 1997. Por ese contrato, la Corporación insular entrega tres millones de euros como prima de esa opción de compra a la sociedad anónima deportiva. Tal como denuncia ahora el interventor general, ese movimiento “no contó con las autorizaciones necesarias desde el propio Cabildo para el endeudamiento” y “no existió un plan de viabilidad presupuestario”.

La operación que centra la denuncia (2012)

Un año después de esta opción de compra, el 24 de enero de 2012, el Cabildo de Tenerife formaliza de forma definitiva la adquisición del lote del NAP y el otro de 13.258 metros cuadrados del CD Tenerife situados en la Ciudad Deportiva de Geneto. La institución insular paga por ambos terrenos 18.992.460 euros para ubicar el Parque Científico y Tecnológico. Es el punto en el que se concentran los indicios de corrupción, tal y como detalla Antonio Messía. “La compra no se justifica tanto desde el punto de vista de necesidad como el de idoneidad”, especifica el interventor general en su escrito. Messía detalla que el Parque Científico y Tecnológico se había previsto construir solo cinco meses antes en unos terrenos de Cuevas Blancas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, donde de hecho se levanta en la actualidad sin que se haya producido todavía la finalización de las obras.

“Resulta artificiosa y de difícil justificación la adquisición de unos terrenos innecesarios e inadecuados”, asegura la denuncia, que detalla que incluso había informes del propio Cabildo que sostenían con claridad que los terrenos de Geneto no cumplían con las características para ubicar allí el Parque Tecnológico.

Tasación inflada un 524%

El punto central de la denuncia, que se ha trasladado a las sala de lo penal de la Audiencia Provincial y la Fiscalía, es la tasación de esos terrenos comprados por el Cabildo, realizada como garantía hipotecaria por Tasaciones Inmobiliarias SA (Tinsa), con la que trabaja CajaCanarias. La valoración se realiza el 19 de mayo de 2011 por Javier Risco, el mismo arquitecto técnico que tuvo que declarar en el juicio del caso Las Teresitas por inflar el precio de los terrenos de la playa chicharrera en el mayor caso de corrupción de la historia de Canarias. El pelotazo, que provocó unas pérdidas en las arcas públicas de la capital tinerfeña de más de 90 millones de euros, llevó a la cárcel al exalcalde Miguel Zerolo, el exedil de Urbanismo Manuel Parejo (ambos de CC) y los empresarios Antonio Plasencia –ya en libertad– e Ignacio González fallecido en prisión en noviembre de 2019–, además de dos funcionarios municipales.

Tal y como subraya el interventor general, esta tasación “se llevó a cabo con un estudio de mercado estadísticamente no significativo, con falta de rigor y exactitud al tomar como referencias locales cuyas características, equipamientos dotacionales e infraestructuras comunitarias diferían sustancialmente de los terrenos a adquirir”. Tanto que se usaron los valores de locales situados en el centro de Santa Cruz, una de las zonas con el metro cuadrado más caro de Tenerife, a más de 10 kilómetros de Geneto, donde se encuentran estos terrenos, en el extrarradio de La Laguna. “El precio de compraventa representa un incremento del 524,87% del valor catastral actualizado de 2017”, concluye el informe Messía.

La tasación estaba caducada en el momento de la firma de la compraventa, para la que no se tuvo en cuenta, además, una serie de autorizaciones que marcas las leyes: informe favorable del Consejo Insular de Aguas, del Ministerio de Defensa por localizarse los lotes en zona se seguridad militar y de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda del Gobierno de Canarias.

La deuda del NAP (2013)

Hay más irregularidades en el escrito de Antonio Messía de Yraola. Por ejemplo, la absorción del NAP, sociedad constituida en 2006 y participada en un 50% por el ITER y el resto por empresarios de Tenerife. “Antes de esa absorción por fusión en 2013 del NAP por el propio ITER, que de forma mayoritaria pertenece al Cabildo, se produce por parte del ITER_la compra de las acciones que ostentan los empresarios privados o, en su caso, mediante el canje de acciones a estos empresarios privados en la entidad Solten II SA (sociedad con grandes beneficios y con un alto reparto de dividendos anuales) sin que la deuda del préstamo de los terrenos adquiridos se reflejara en el valor de adquisición de las acciones por el ITER y asumiendo esta como sociedad absorbente la deuda existente de más de dos millones de euros”.

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