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» Condenan al S.C.S. por quitarle un testículo a un paciente que iba por vasectomía «

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Jul 28, 2021

El Tribunal le impone una indemnización de 100.000 euros para el perjudicado de 55 años.

El tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado alServicio Canario de Salud (SCS) a pagar una indemnización de 100.000 euros a un hombre de 50 años que acudió a practicarse una vasectomía y perdió el testículo izquierdo debido a una complicación durante la intervención quirúrgica.

El fallo del magistrado presidente Jaime Borrás Moya de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC -al que tuvo acceso LA PROVINCIA / DLP- responde a un recurso interpuesto por el letrado Fernando de la Fuente en representación del demandante, que ahora tiene 55 años, a la Administración tras perder el primer pleito ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. En este se detalla que los hechos ocurrieron el 19 de marzo de 2015 cuando el perjudicado acudió a practicarse el procedimiento de esterilización masculina a una clínica privada de la ciudad a la que fue derivado por el SCS. Al día siguiente de someterse a la cirugía, el demandante acudió a su médico de Atención Primaria debido a que presentaba «dolor en el testículo izquierdo tras la vasectomía».

El facultativo le diagnosticó una inflamación testicular denominada orquitis en medicina y le prescribió un tratamiento antibiótico así como la baja laboral. Cuatro días más tarde tuvo que acudir de urgencia a un centro asistencial por «molestias en la intervención quirúrgica» y en la exploración se percataron de que el órgano «tenía una consistencia dura» con hematoma en la bolsa escrotal, mientras que el del lado derecho estaba normal. Tras la evaluación manifestaron la «sospecha» de que el paciente estaba sufriendo de «isquemia testicular izquierda a correlacionar clínicamente con el antecedente quirúrgico«. Por tanto fue derivado a un hospital de la Isla «por considerarse la situación como una complicación en la intervención (…) llevada a cabo por el Servicio Canario de Salud».

El perjudicado acudió al Hospital Universitario Insular donde le fue diagnosticada una isquemia central del testículo izquierdo, orquitis isquémica post vasectomía y también le recetan antibióticos y antiinflamatorios durante siete días. El 7 de abril del mismo año, el demandante regresa al consultorio de su médico de Atención Primaria por «un cuadro de ansiedad» relacionado con las complicaciones de su cirugía por lo que le derivan a la Unidad de Salud Mental para obtener una valoración de apoyo psicológico.

Transcurrido un mes y un día de la intervención quirúrgica, el afectado acude a la consulta externa de Urología del Hospital Insular en donde dictaminaron que persistía el aumento del tamaño testicular pero observaron mejoría al tiempo que indicaron que el paciente presentaba molestias en el testículo derecho, «con discreto engrosamiento del cordón espermático ipsilateral» y por tanto le prescribieron un antiinflamatorio no esteroideo, así como actividad física moderada con un control durante cuatro meses. Cuatro meses después de la cirugía, el perjudicado fue diagnosticado con «reacción mixta de ansiedad y depresión» donde continúa con un tratamiento para ello.

Tras siete meses de la vasectomía , el afectado es dado de alta laboral y su médico de Atención Primaria informa que persiste el «cuadro de dolor de intensidad moderada que está siendo estudiado y controlado en la Unidad del Dolor del Hospital Insular. Asimismo, ha precisado de apoyo psicológico por lo que está en control y seguimiento» por Salud Mental que dos meses más tarde diagnosticaba una sintomatología ansioso-depresiva que depende del dolor testicular y de las fluctuaciones del estado de ánimo del paciente, derivadas de los sentimientos de «baja autoestima, impotencia y desesperación» que tiene a raíz de que su situación no mejora. Eso sumado a que en ese momento detectaron que debido al impedimento momentáneo para realizar la actividad sexual le ha repercutido, según los especialistas, en sus «relaciones de pareja de forma negativa».

Un año y siete meses después de someterse a la esterilización masculina, el demandante ingresa al Hospital Insular para ser sometido a una extirpación quirúrgica del testículo izquierdo «dada la atrofia y persistencia clínica que condiciona la vida del paciente». El hombre, que está en proceso de incapacidad permanente, tuvo que acudir nuevamente a la Unidad del Dolor por una molestia en el órgano extirpado donde los médicos manifestaron la sospecha del «miembro fantasma».

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Mal funcionamiento del servicio público

El letrado Fernando de la Fuente del despacho Legistas Abogados que representó al demandante, puso de manifiesto el «mal funcionamiento del servicio público» debido a que la vasectomía es la «única causa» de la pérdida del testículo de su cliente «bien por sección, desgarro por tracción brusca o ligadura». Sin embargo, el SCS y la clínica codemandada no negaron que los daños derivasen de la intervención quirúrgica y es que consideran que se ha producido por una inflamación «que evoluciona torpemente» y además alude a que la misma está estipulada en el consentimiento firmado por el afectado, por lo que la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria rechazó la demanda. Sin embargo, el TSJC subrayó que dicho documento firmado por el paciente no contemplaba la extirpación del miembro (que no sirvió para aliviar el dolor) ni la isquemia presentada por el perjudicado.

Finalmente, la Sala destaca que la vasectomía ha supuesto no sólo la pérdida del testículo del demandante, sino «un dolor permanente» para el que requiere un tratamiento «indefinido» a base de opiáceos y, en determinados períodos de tiempo, «mediante la implantación de una bomba mecánica de morfina», además del tratamiento psiquiátrico y psicológico que todavía persiste. Por todo ello, estima el recurso de apelación interpuesto por el afectado, revoca la sentencia anterior que da la razón al SCS

y le condena así a pagar una indemnización de 100.000 euros al afectado.

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