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» Coalición Canaria dilapidó 12 millones para salvar de un negocio ruinoso a los empresarios que invirtieron en el N.A.P. de Granadilla «

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Abr 1, 2021

La denuncia presentada por la consejera delegada del I.T.E.R. ante la Fiscalía desvela el desvío de fondos públicos para tapar el agujero de una sociedad participada por inversores particulares.

Una noticia se repite en la hemeroteca del domingo 27 de marzo de 2011: el Cabildo de Tenerife inaugura el Neutral Access Point (NAP) de Granadilla. La galería fotográfica de la jornada muestra los rostros de la comitiva política que se desplazó al sur de Tenerife para la puesta en escena de la instalación. Entre ellos, un «orgulloso» Ricardo Melchior, como recoge la prensa, y su futuro sucesor en la presidencia, Carlos Alonso, ambos de Coalición Canaria. Ese año, la empresa del mismo nombre, propiedad a medias de la Corporación insular y de inversores privados, presentó unas pérdidas de más de seis millones de euros y entró en causa de disolución. Lo que se veía en la superficie del N.A.P. no tenía nada que ver con la realidad financiera de la entidad, convertida en un sumidero que se tragó más de 12 millones de euros de fondos públicos, según publica Mírame TV.

La denuncia que ha presentado la actual consejera delegada del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), Elena Rodríguez, en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por una presunta malversación de fondos en el N.A.P., describe con detalle cómo se desviaron más de 12 millones de dinero público para tapar los agujeros de una empresa en números rojos y permitir que los accionistas privados, que acumulaban más del 50% de la entidad, no sacrificaran ni un céntimo de su patrimonio. Un negocio sin riesgos alicatado desde las arcas del Cabildo y donde también jugó un papel clave la extinta CajaCanarias.

El resumen del caso N.A.P. es tan simple como compleja es la ingeniería financiera que se esconde detrás de la operación. El Cabildo pagó con fondos públicos las pérdidas de un negocio que compartía con inversores privados. Un titular sencillo de no ser por la cantidad de movimientos opacos que se llevaron a cabo a lo largo de los siete años de existencia de la sociedad.

N.A.P. de África Occidental-Islas Canarias SA fue constituida el 28 de abril de 2006 gracias a una aportación de un millón de euros por parte del I.T.E.R., empresa pública del Cabildo de Tenerife, que le permitía poseer el 47% de la entidad. El resto del dinero, 1,1 millones de euros, fue aportado por una docena de empresarios privados. Entre los inversores particulares figuraban cinco accionistas del C.D. Tenerife: José Ana Pérez Labajos, investigado en la pieza canaria del caso Fórum; Pedro Suárez, a través de Gomasper; Manuel Dharandas, mediante la participación de Obras y Servicios Daltre; Juan José Fuentes Tabares; y José Luis Pérez Suárez, representante de Tenyval. El dato no es baladí, como demostraran los acontecimientos de los meses siguientes.

Un N.A.P. es un punto de acceso a la red que permite a los proveedores de internet conectarse entre sí. Una conexión que en el caso de Canarias es imprescindible por la condición aislada del Archipiélago, lo que situaba a Tenerife como un lugar idóneo desde el punto de vista estratégico para su ubicación. Así lo refleja un informe de 2005 que justificaba la inversión. Las incoherencias, y las irregularidades, llegaron después.

El mismo día de la constitución del N.A.P., la empresa suscribió dos contratos de servicios con la entidad Terremark, vinculada al político y abogado Antonio Hernández Mancha, ex presidente de Alianza Popular y uno de los empresarios que aparece señalado en los Papeles de Panamá. El objetivo era la elaboración de un plan de ejecución para la instalación del centro de datos, el edificio que finalmente se inauguró en Granadilla, por un montante de 3,2 millones de euros. Primer gasto que apuntar en la calculadora.

El negocio con el C.D. Tenerife

El propio Hernández Mancha fue nombrado consejero delegado del N.A.P.. Suyas son unas declaraciones, publicadas en la prensa en junio de 2006, en las que anunciaba las bondades de la nueva instalación y adelantaba la existencia de conversaciones con una empresa vinculada al C.D. Tenerife, la conocida como Promotora, para adquirir unos terrenos ubicados en la ciudad deportiva de Geneto.

La Promotora del C.D. Tenerife se constituyó el 26 de abril de 2006, tan solo dos días antes de que lo hiciera el NAP. Dos nombres propios se repetían en el accionariado de ambas empresas: Juan José Fuentes Tabares y Manuel Dharandas, a los que se sumarían durante el siguiente año los otros tres inversores del N.A.P. vinculados con el club. Poco después de su nacimiento, la realmente denominada Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos S.A. adquirió dos parcelas de Geneto que hasta entonces eran propiedad de la entidad que hoy preside el empresario Miguel Concepción, otro de los fundados de la Promotora.

Sin casi tiempo entre una operación y otra, en junio Hernández Mancha anunciaba las conversaciones entre el N.A.P. y la Promotora para la venta de una de las dos parcelas de Geneto, la que en teoría iba a ocupar el edificio del centro de datos que, en 2009, se decidió construir en Granadilla.

En este punto es necesario recordar que la compraventa de los terrenos de la ciudad deportiva por parte de la Promotora al C.D. Tenerife fue financiada por CajaCanarias, otro de los nombres propios que merece ser apuntado en la lista de notas del caso N.A.P..

A pesar del anuncio de Hernández Mancha, las negociaciones no fueron tan rápidas como estaba previsto y el acuerdo con la Promotora no se hizo oficial hasta el 12 de marzo de 2007. La compra de una parcela de 17.442 metros cuadrados supuso un desembolso para el N.A.P. de 9,3 millones de euros. La fórmula utilizada fue la siguiente: la empresa se subrogó en el préstamo hipotecario existente con CajaCanarias en 7,2 millones de euros; mientras que se comprometía a abonar el resto del dinero a la empresa vinculada con el C.D. Tenerife.

A través de diferentes acuerdos, el N.A.P. consiguió que la entidad de crédito aceptara períodos de carencia que se alargaron hasta el 1 de mayo de 2013. Este dato tampoco puede ser reciclado en la papelera si se tienen en cuenta los acontecimientos que se iban a desencadenar en los años siguientes a la compra de los terrenos. En noviembre de 2007, la empresa logra ampliar su capital en algo más de dos millones de euros, gracias a la aportación de otro millón por parte del I.T.E.R. y a la llegada de 24 nuevos inversores.

El rescate del I.T.E.R. 

Como el proyecto del N.A.P. no terminaba de arrancar, a pesar del desembolso realizado por los terrenos de Geneto, la sociedad no generaba ingresos con los que asumir los compromisos económicos que día a día se le acumulaban en la contabilidad. No había dinero para pagar ni a Terremark ni a la Promotora, así que el I.T.E.R. tuvo que acudir al rescate de la entidad con más de cuatro millones de euros en préstamos a corto plazo que nunca fueron devueltos. Más dígitos que sumar en la calculadora.

El 1 de enero de 2011, ante la evidencia de que el N.A.P. no podía hacer frente a su deuda con el I.T.E.R., ambas sociedades alcanzaron un acuerdo de refinanciación que otorgaba un nuevo plazo de 12 meses para liquidar el pago pendiente, lo que permitía volver a abrir la llave del oxígeno con recursos públicos.

En mayo de 2011 se produce un hecho que no encuentra justificación alguna por parte de los nuevos gestores del I.T.E.R., al comprobar que la sociedad del Cabildo, a través de una compensación de deudas, adquirió el proyecto de ejecución del edificio del N.A.P. por cuatro millones de euros. El mismo que se había contratado a Terremark el día de la constitución de la entidad. El mismo que nunca se pudo desarrollar en Geneto porque la instalación se levantó en Granadilla, a 53 kilómetros de distancia de la ciudad deportiva.

Que el centro de datos no se iba a ubicar en Geneto era algo que conocían los responsables del I.T.E.R., cuyo presidente entonces, Ricardo Melchior, formaba parte del Consejo de Administración del N.A.P. que el 17 de abril de 2009 acordó su ubicación en las instalaciones que posee el Cabildo en Granadilla. Pese a todo, se aceptó el proyecto de Terremark, que nunca se iba a desarrollar, como pago de una deuda que superaba los cuatro millones de euros. Mientras todas estas operaciones se llevaban a cabo, los accionistas privados seguían sin arriesgar ni un céntimo de su bolsillo, más allá del dinero que aportaron con su entrada en la sociedad y que, poco después, iban a recuperar gracias a la generosidad de la Corporación insular.

Toda la ingeniería financiera que desplegó el Cabildo para salvar del precipicio a N.A.P. de África Occidental-Islas Canarias S.A. no sirvió para evitar que la sociedad entrara en causa de disolución en 2011. Con un saldo negativo de 2,5 millones en fondos propios y unas pérdidas de más de 6,2 millones, la empresa estaba abocada a desaparecer. Las cuentas anuales fueron firmadas por el propio Ricardo Melchior; José Ana Pérez Labajos; José Luis Pérez Suárez; y Manuel Cendagorta, exdirector del ITER y entonces consejero delegado. Lejos de producirse la disolución de la entidad, como marca la Ley de Sociedades de Capital, el año 2012 registró una actividad frenética.

El 24 de enero de 2012, otra empresa pública del Cabildo, Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), compra la parcela de Geneto, que había perdido toda utilidad tras la instalación del centro de datos en Granadilla, por casi seis millones de euros. De nuevo, CajaCanarias juega un papel clave en la operación: PCTT se subrogó en el préstamos existente previa baja de capital de 1,2 millones de euros.

En el mismo acto, la entidad financiera otorgó un préstamo especial al N.A.P., una empresa en causa de disolución y con pérdidas millonarias, para hacer frente a parte del crédito hipotecario existente y que se correspondía con el importe que hubiese amortizado desde que adquirió la finca en 2007 hasta la fecha de su venta. Mientras el dinero público no paraba de manar de las arcas del Cabildo, los bolsillos de los empresarios privados seguían sin agujeros.

La operación del N.A.P., y la presunta malversación de fondos públicos denunciada ante la Fiscalía, se cerró con un episodio decisivo. Entre el 11 de junio y el 18 de junio de 2012, el I.T.E.R. adquirió todas las participaciones de los inversores particulares al mismo valor nominal, mil euros por acción, que tenían en el momento del nacimiento de la sociedad. Nadie reparó en que una entidad en causa de disolución con más de seis millones de pérdidas no puede valer lo mismo que una empresa recién constituida.

Con cuatro de los accionistas, entre los que figuraba Juan José Fuentes Tabares, se llegó a un acuerdo para canjear sus acciones por participaciones en la entidad Solten II, que ha demostrado en los últimos años ser una sociedad con una importante solvencia que registra cuantiosos beneficios anuales.

Cuando el N.A.P. pasó a ser cien por cien de capital público se produjo su fusión por absorción con el I.T.E.R., que asumió todas las deudas y préstamos pendientes. Así se puso punto final a la historia de un negocio sustentado con más de 12 millones de fondos públicos, con la colaboración imprescindible de CajaCanarias, en donde los particulares no apoyaron con su patrimonio ninguna de las operaciones que realizó la entidad para, al final, recuperar sin pérdidas su inversión inicial en una empresa que resultó ruinosa.

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