• Mar. Sep 28th, 2021

Actualidad Canarias

Últimas noticias sobre Canarias. Toda la información de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote

» Cinco claves del presunto pucherazo en Mogán: de los votos a 50 euros a las presiones al denunciante «

Poractualidadcanarias

Ago 3, 2021

El juez instructor ha abierto cuatro piezas separadas para investigar de forma independiente una presunta obstrucción a la justicia y los favores que la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, habría concedido a un empresario que financió la trama, a funcionarios afines, familiares y afiliados a su partido. Los últimos informes de la Guardia Civil complican su futuro judicial.

Amenazas continuas, insultos y pintadas en su casa. Son las presiones que dice estar recibiendo desde hace meses Ramón Trujillo, un vecino de Mogán (el segundo municipio por importancia turística de la isla de Gran Canaria) que salió a la palestra hace ya cinco años para confesar en televisión que había participado en una trama de compra de votos para el partido Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) en las elecciones locales celebradas en 2015. En octubre del año pasado el colaborador arrepentido ya había acudido a las dependencias de la Guardia Civil para informar de que personas allegadas a Onalia Bueno, líder de esa formación y actual alcaldesa, le habían ofrecido 3.000 euros y un puesto de trabajo para que cambiara su versión de los hechos.

Esta denuncia pública se produce en un momento clave de la instrucción, a poco más de dos meses de que se produzca su declaración ante el juez. De hecho, su comparecencia estaba señalada para el pasado 7 de julio, pero fue aplazada hasta octubre, al igual que la del resto de investigados, a petición de las defensas y después de que hubieran desfilado ante el instructor los primeros testigos. En septiembre de 2020, nueve meses antes de que arrancara una primera ronda de declaraciones que ha dejado algunos sorprendentes cambios de versión que las acusaciones atribuyen a presiones como las que ha denunciado recientemente Ramón Trujillo, la Guardia Civilhabía detenido en la denominada operación Maniobra a la alcaldesa y a otros dos concejales del grupo de gobierno y había registrado las oficinas municipales en busca de documentación que vinculaba determinadas actuaciones municipales con la trama de compra de votos. Se levantaba así el secreto de sumario de una investigación que había arrancado en 2015 y que fue archivada de forma provisional hasta su reactivación definitiva en 2019, después de unos comicios en los que el partido de Bueno volvió a ganar, esta vez con una holgada mayoría absoluta (el número de concejales se redujo de 21 a 17 al bajar de la barrera de 20.000 habitantes y logró 10), y de nuevo bajo la sombra del pucherazo.

La alcaldesa de Mogán atribuyó esa operación policial a sus críticas al Gobierno centralpor la gestión de la crisis migratoria que en esas mismas fechas sacudía a Canarias con epicentro en el Muelle de Arguineguín, situado en el municipio sureño y donde llegaron a estar hacinadas 2.600 personas. «Alzar la voz contra el Estado sale caro», dijo entonces Bueno erigiéndose en abanderada de la defensa de los derechos de las personas migrantes. Un discurso que, sin embargo, contradijo de inmediato con sus propias acciones, como cuando decidió fletar tres guaguas para desalojar del puerto a más de 200 migrantes y dejarlos sin alternativa habitacional ni comida en una céntrica plaza de la capital o cuando amenazó a los hoteleros del municipio con multas de hasta 300.000 euros si cedían sus instalaciones para fines humanitarios con el objetivo de aliviar el colapso en el llamado ‘muelle de la vergüenza’.

Lo cierto es que cuando se produjo la detención de Onalia Bueno, el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil ya disponía de evidencias documentales que, cotejadas con los testimonios recogidos y las grabaciones aportadas, permitían atisbar «indicios de criminalidad suficiente» que señalaban a la alcaldesa como líder de una «organización criminal para la compra y tramitación fraudulenta de votos» en las dos últimas elecciones locales. Los recientes informes realizados por la Benemérita a partir de la documental incautada en el registro a las oficinas municipales y la sede de Ciuca complican aún más el futuro judicial de la regidora sureña, al imputarle a nivel indiciario nuevos delitos contra la administración pública.

El juez instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger, calificó en un auto de «objetivos, accesibles y verificables» los hechos relatados por la policía judicial en esos escritos. Ahora ha abierto cuatro piezas separadas para que se investiguen de manera independiente las nuevas tramas que recogen los últimos informes de la policía judicial. Estas son las claves del caso:1. La a de votos

Es el elemento inicial y central de la investigación. En las elecciones de 2015, Ciuca desbancó de la Alcaldía de Mogán al Partido Popular (PP) tras obtener el 41% de los votos (3.035 sobre los 7.365 que acudieron a las urnas, el 67% de los 10.862 que se contabilizaban en el censo municipal). Obtuvo diez concejales, quedándose a uno de la mayoría absoluta y pactando con el PSOE (dos ediles) para arrebatar el bastón de mando al ahora denunciante Francisco González (PP), regidor en el municipio desde 2003 y mentor de la propia Onalia Bueno, a quien convirtió durante su primer mandato en su mano derecha en el Ayuntamiento. La actual alcaldesa dejó el PP en 2007 tras ser detenida e imputada por ocho delitos -entre ellos el electoral- en el denominado caso Góndola, archivado en 2018 tras once años de instrucción.

Bueno regresó a la política en 2011 de la mano de un partido, Ciuca, que hasta esa fecha solo estaba implantado en Telde, el segundo municipio más poblado de Gran Canaria. Antes de ganar sus primeras elecciones, pasó cuatro años en la oposición. En mayo de 2016, un año después de su victoria, la presunta compra de votos en Mogán saltaba a los medios nacionales. No eran las primeras sospechas de pucherazo en el municipio. Ya las había habido en 2007 y en 2011, en aquellas ocasiones con el PP como protagonista. Ramón Trujillo, apodado el Perraya, relató en televisión que había conseguido 70 votos para Ciuca entre vecinos moganeros con necesidades económicas a quienes se les pagaba entre 50 y 150 euros. Un año antes, el alcalde destronado, Francisco González, había presentado una denuncia que fue archivada casi de inmediato por la Guardia Civil de Mogán. Un colaborador de Ciuca en esos comicios, José Monzón, Pepe el Japonés, relataba en una grabación aportada a la causa que la alcaldesa se había aprovechado de su amistad con el capitán del instituto armado en el municipio para que investigara al PP y no a Ciuca por el presunto pucherazo en los comicios de 2015.

Tres votantes también confesaron en esa segunda fase de la investigación, tras el sobreseimiento provisional, que recibieron dinero a cambio de votar a Ciuca. Meses después, Canarias Ahora difundía una grabación en la que José Monzón, en conversación con el exalcalde Francisco González, admitía que había conseguido más de 380 papeletas para la formación de Onalia Bueno ofreciendo 50 euros a los vecinos. Incluso relataba que se les acompañaba a la comisaría a renovar los DNI o que se les compraba hasta con clases de kárate. Otros testimonios apuntan que las contraprestaciones iban más allá e incluían también promesas de empleo público, de ayudas sociales o de vivienda. «Se han pagado operaciones, gafas, luz, agua, a mucha gente neveras…», añadía recientemente Ramón Trujillo en la entrevista en Cope Canarias en la que denunciaba estar sufriendo las presiones por parte del entorno de Bueno.

Los testimonios y grabaciones sobre las elecciones de 2015 ya apuntaban al voto por correo como un elemento crucial del pucherazo. El número de sufragios por esta vía prácticamente se triplicó tanto de 2011 a 2015 (191 frente a 558) como de 2015 a 2019 (de 558 a 1.494). Los investigadores constataron la existencia de varias remesas de papeletas electorales que se depositaron en determinadas oficinas de Correos de Las Palmas de Gran Canaria. En uno de los audios, Monzón, uno de los responsables de la campaña del partido, explicaba que la trama tenía colaboradores en esas oficinas. Esas remesas concordaban con el modo de operar descrito en las grabaciones y por uno de los denunciantes, Ramón Trujillo. La organización captaba a los vecinos, los llevaba a la sede de Ciuca, tramitaba el voto por correo, se aseguraba de que el voto que se introducía en el sobre iba para el partido y pagaba lo acordado.

En mayo de 2019, en plena campaña electoral, aparece un nuevo indicio. Otra grabación mostraba cómo manipulaba el voto por correo la alcaldesa. «Lo importante es que cuando el sobre llegue a la casa te llamen y no lo abran, para yo decirte cómo es el rollo», le explicaba a un colaborador. «Tú tienes los DNI… y yo te mando a una persona para que te haga todo de una sentada…», añadía Bueno, que en esos comicios se presentó en alianza con Coalición Canaria.

Esta pieza principal también investiga la presunta financiación ilegal de Ciuca. La policía judicial señala a un empresario con intereses económicos en Mogán, Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín, una de las explotadoras del servicio de abastecimiento de agua en el municipio. Las pesquisas policiales descubrieron la existencia de cheques por un valor total de más de 14.000 euros que Oller habría emitido para financiar la campaña y, más en concreto, la compra de votos. Para ello utilizaba a un intermediario, Salvador Álvarez, un funcionario del Ayuntamiento que colaboró con el partido de Bueno en la campaña electoral de 2015 y que posteriormente fue nombrado por la regidora coordinador general de cuatro áreas de gobierno. «Ese dio más de 40 millones (de pesetas). Por eso esta ahora le dio el agua», le dice en una de las grabaciones que obran en la causa José Monzón, ‘Pepe el Japonés’, al exalcalde a propósito de Oller.

Francisco González (PP) explicó a la Guardia Civil cuál era la supuesta motivación del empresario para tratar de aupar al poder municipal a Ciuca. El exregidor relató que un año antes de las elecciones de 2015 había iniciado el proceso de municipalización de agua en Mogán, una medida que le ocasionaba un perjuicio económico a Aguas de Arguineguín, que explotaba -y lo sigue haciendo- el servicio en determinadas zonas de la localidad turística.2. El presunto amaño

El dueño de Aguas de Arguineguín es también protagonista de uno de los últimos informes de la Guardia Civil que han dado pie a la apertura de una pieza separada. En concreto, por un supuesto amaño para beneficiarle con fondos públicos y devolverle así los favores prestados a Ciuca en la campaña electoral de 2015. Según los investigadores, la alcaldesa de Mogán, con la participación decisiva de Mencey Navarro, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, y del funcionario Salvador Álvarez, orquestó un proceso de mediación simulado para resolver de forma favorable a los intereses del empresario un litigio judicial que arrastraba con el Ayuntamiento de mandatos pasados por la construcción de una urbanización por parte de una de las sociedades administradas por Oller, Cornisa del Suroeste.

En ese procedimiento de mediación las partes redujeron a poco más de 200.000 euros una deuda que la promotora tenía con el Ayuntamiento y que una sentencia judicial firme había fijado en 1,3 millones de euros. Además, el gobierno municipal aceptó pagar el 90% de unas facturas que la empresa reclamaba al Consistorio en concepto de limpieza viaria y mantenimiento de jardinería con suministro de agua de riego. Lo hizo sin un informe de estudio y depuración elaborado por técnicos municipales, a pesar de que la abogada externa que llevaba el caso antes de la llegada de Onalia Bueno había advertido de la existencia de duplicidades de facturas e improcedencias de gastos. Esa letrada fue despedida tras una acalorada discusión en la que, según una testigo, habría espetado al coordinador municipal Salvador Álvarez: «Yo defiendo los intereses del Ayuntamiento, tú estás defendiendo los intereses de Cornisa».

La letrada municipal que la sustituyó también terminaría siendo apartada del procedimiento por expresar sus discrepancias y, por tanto, obstaculizar el acuerdo al que el Ayuntamiento pretendía llegar con el empresario que supuestamente había financiado la campaña electoral de Ciuca. Esta trabajadora interina denunció las presiones recibidas por el colaborador de la alcaldesa para que hiciera la vista gorda. «¿Que esto es una mierda y no me salpica? Acepto pulpo como animal de compañía», se le escucha decir en una de las grabaciones. El acuerdo finalmente arrojó un saldo positivo para la empresa de Oller de cerca de 900.000 euros.3. Los funcionarios afines

El intermediario en ese proceso de mediación, Salvador Álvarez, es el funcionario que resultó más beneficiado de los nombramientos y subidas salariales que el gobierno local presidido por Onalia Bueno aprobó nada más llegar al poder. Unas designaciones e incrementos que, según otro de los informes de la Guardia Civil que han propiciado la apertura de una pieza separada de la investigación principal, tenían por objeto premiar, entre otros, a aquellos trabajadores públicos que habían colaborado en la campaña electoral de 2015 de Ciuca captando votos. A Álvarez, en concreto, se le recompensó con el puesto de coordinador general de cuatro áreas de gobierno y con un aumento del complemento específico de cerca de 30.000 euros anuales, una cantidad que equiparaba este plus al que cobra el interventor, el cargo que había ocupado de manera accidental años atrás ante la ausencia de funcionario con habilitación estatal.

Entre el grupo de ocho trabajadores públicos agraciados también se encontraba un primo de la alcaldesa, Francisco Javier Bueno, a quien el Ayuntamiento le incrementó el complemento salarial en dos ocasiones (primero sobre los 9.000 euros y después hasta superar los 14.000 anuales). La alcaldesa se ausentó en la votación, pero en el escrito en el que advertía de que incurría en causa de abstención manifestó que esos aumentos de los pluses a un familiar directo estaban «más que justificados». Esas subidas salariales fueron impugnadas por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y anuladas en los tribunales, sin que a la Guardia Civil le conste que las cantidades indebidamente cobradas hayan sido devueltas.4. De veterinaria a urbanismo

Otro de los expedientes que ha merecido la atención singularizada de los investigadores y la apertura de una pieza aparte tiene que ver con la contratación de los servicios veterinarios durante los mandatos de Onalia Bueno. Al mes de llegar a la Alcaldía, la líder de Ciuca despidió de manera improcedente (tuvo que indemnizarlo con más de 13.000 euros) a la persona a la que se le había adjudicado esta labor en el mandato anterior y comenzó a firmar contratos (la mayoría menores) con su actual asesor de Urbanismo, Raico Guerra, o con la empresa familiar que administraba, Arpiplan. En cinco años se embolsaron más de 276.000 euros. La Guardia Civil aprecia una «intencionalidad manifiesta» del gobierno de Ciuca para beneficiar económicamente a Guerra, fraccionando contratos con los mismos conceptos para evitar sacarlos a concurso público, incluyendo a una trabajadora o extrabajadora de la empresa adjudicataria entre las invitadas a un negociado sin publicidad o convocando de urgencia y con un plazo de tan solo diez días un proceso abierto.

El contratista único de servicios veterinarios del Ayuntamiento se presentó a las elecciones de 2019 en el número 12 de la plancha que encabezaba Onalia Bueno. No logró acta de concejal, pero la alcaldesa le encontró acomodo como asesor de Urbanismo con un sueldo de 32.500 euros anuales a pesar de los «limitados» conocimientos técnicos de Guerra, que tiene el título de EGB (Enseñanza General Básica) y que en la empresa Arpiplan, de la que dejó de ser administrador tras ser nombrado cargo de confianza, figuraba como auxiliar de veterinaria. Las sospechas de los investigadores se acrecentaron tras comprobar como, tan solo dos días antes de su designación, el Ayuntamiento firmó un contrato de asesoría externa de naturaleza urbanística con Jesús Romero Espeja, un arquitecto que ocupó el cargo de viceconsejería de Política Territorial en el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria). Una adjudicación que, a juicio de la policía judicial, también pudo ser irregular, al haberse fraccionado en dos contratos que superaban el límite fijado en la normativa.ardia Civil

Onalia Bueno y otro de los investigados, Mencey Navarro, también se pueden enfrentar en esta causa a una acusación de obstrucción a la justicia por haber ordenado a la jefa de servicios informáticos del Ayuntamiento bloquear a la Guardia Civil el acceso a la documentación digital intervenida en el registro practicado por la Policía Judicial en las oficinas municipales el 17 de septiembre del año pasado. Así lo declaró la empleada pública durante su declaración del pasado 30 de junio ante el juez instructor y así lo corroboran los mensajes que se intercambió a través de Whatsapp con los dos gestores políticos el día en que recibió la instrucción. «Cuenta deshabilitada. Tal como me habéis ordenado», escribió a la regidora, que contestó con un «Ok».

«Onalia, tenemos que hablar. La Guardia Civil me ha dado la orden de habilitar el usuario. Si no lo hago incurriré en un delito de desobediencia judicial y pueden imputarme por obstrucción a la justicia», advirtió la jefa de Informática minutos después a la alcaldesa, sin recibir respuesta, tras haber comunicado a un sargento de la Guardia Civil la orden que había recibido. Quien sí le contestó, insistiéndole en que cumpliera la instrucción que le habían dado tanto él como Bueno, fue el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, quien sin embargo acabó reculando tras consultarlo con sus abogados. La defensa de la alcaldesa, representada por el prestigioso despacho de José Antonio Choclán, presentó un incidente de nulidad respecto a esa actuación que permitió el acceso remoto de la policía judicial al servidor municipal, al entender que se trataba de una investigación «indiscriminada» sobre expedientes sin vínculo con la causa.

La instrucción abierta por la presunta trama de compra de votos suma ya 10 investigados, además del partido político Ciuca. Junto a la alcaldesa, permanecen imputados dos concejales del grupo de gobierno (Mencey Navarro y Tania Alonso), el empresario Luis Oller y otros colaboradores del presunto pucherazo, entre ellos el arrepentido Ramón Trujillo, que ha pedido protección judicial frente a las presiones que dice estar sufriendo del entorno de Onalia Bueno. El juez Francisco Javier Ramírez de Verger retomará en octubre las declaraciones de los testigos que no pudieron comparecer en junio y la de los investigados en la causa.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *