La corporación insular condenada a devolver más de 500.000 euros que ingresó por la Ley de Dependencia entre los años 2014 y 2016

Agüimes pierde la batalla judicial contra el Cabildo de Gran Canaria en el caso de los cobros indebidos a los ancianos.

Una sentencia del TSJC, comunicada este martes, 9 de febrero de 2021, al consejo rector del Instituto de Asistencia Socio Sanitaria, confirma que el Ayuntamiento de Agüimes tendrá que devolver más de medio millón de euros al Cabildo por incumplir el procedimiento de gestión del centro de mayores del municipio sureño.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, ya había emitido otra sentencia a finales de 2018, que estimaba el recurso de un vecino de Agüimes al que el gobierno municipal (gobernado entonces por Antonio Morales, presidente del Cabild), le denegó una reclamación por el cobro de los servicios a una paciente de la residencia, madre del denunciante, por la que el Ayuntamiento ya recibía, por otro lado, una subvención del Cabildo con cargo a la Ley de la Dependencia.

Los cobros irregulares a usuarios y familiares en la residencia de mayores generaron tensas polémicas en el Cabildo en el anterior mandato, sobre el destino de esos fondos cobrados de forma indebida a los internos, ante un posible fraude al propio Cabildo y al IAAS.

El IASS está presidido por la consejera socialista Isabel Mena, que se incorporó al equipo de gobierno en esta legislatura. La vicepresidencia recae sobre Juan Díaz, también del PSOE y ex alcalde de Ingenio.

Al consejo rector pertenecen consejeros de todas las formaciones, como Carmelo Ramírez, Inés Miranda, Sandra Ramírez, Aurora del Rosario, Ángeles Batista o el ex consejero de Podemos, Miguel Montero, hoy director general de Dependencia del Gobierno canario.

En 2019, la Audiencia de Cuentas advirtió en su informe de que la falta de control por parte del Gobieno canario, del Cabildo y del Ayuntamiento de Agüimes propició que los usuarios de esta residencia abonaran cinco veces más por los servicios, de 2014 a 2016, en concreto 39,45 euros por día, frente a los 7,72 de otros centros municipales.

Entonces, Morales recalcó que las operaciones municipales obedecían a discrepancias administrativas, e insistió en que la gestión había resultado “rigurosa y transparente”.