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Oct 1, 2020

El Pleno del Ayuntamiento de Agüimes acordó este lunes instar al Gobierno de España y a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera del año 2012, de forma que se permita a los Ayuntamientos la disposición de los remanentes y superávits acumulados durante los últimos años para destinarlos a las necesidades derivadas de la pandemia de Covid-19. La solicitud, formulada en el marco de una moción municipal presentada por Coalición Canaria, obtuvo 17 votos a favor, correspondientes a los concejales de Coalición Canaria, Ciudadanos y del grupo de gobierno de Roque Aguayro, y contó con 3 votos en contra, los de los concejales del Partido Socialista.

La moción pide al Gobierno central que deje de lado las siglas políticas y propicie el consenso necesario para alcanzar acuerdos que solucionen de manera eficaz los problemas a los que se vienen enfrentando los ayuntamientos ante la imposibilidad de utilizar el superávit para mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía. Agüimes se alinea así con otros municipios de muy diversos colores políticos, como Cádiz, Granada, Lleida, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Murcia, Madrid o Pontevedra, que han manifestado su rotundo rechazo a las medidas financieras de carácter extraordinario que el Gobierno intentó aprobar el pasado 4 de agosto mediante el Real Decreto Ley 27/2020, que finalmente no consiguió contar con la aprobación del Congreso de los Diputados.

De acuerdo al texto aprobado en la moción, la iniciativa del Gobierno habría supuesto la vulneración de la autonomía financiera de las entidades locales, al pretender la incautación de sus superávits y al condicionar la recepción de ayudas estatales a que los ayuntamientos dispongan de remanentes. La alternativa a esta pretensión, que se vio frenada por la contundente oposición del municipalismo a lo largo y ancho del país, pasa según Agüimes por una reforma consensuada de la actual Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, más que justificada ante el panorama económico al que se deberán enfrentar las administraciones públicas como consecuencia de la crisis ocasionada por el coronavirus.

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