Onalia Bueno y otro de los investigados, Mencey Navarro, también se pueden enfrentar en esta causa a una acusación de obstrucción a la justicia por haber ordenado a la jefa de servicios informáticos del Ayuntamiento bloquear a la Guardia Civil el acceso a la documentación digital intervenida en el registro practicado por la Policía Judicial en las oficinas municipales el 17 de septiembre del año pasado. Así lo declaró la empleada pública durante su declaración del pasado 30 de junio ante el juez instructor y así lo corroboran los mensajes que se intercambió a través de Whatsapp con los dos gestores políticos el día en que recibió la instrucción. «Cuenta deshabilitada. Tal como me habéis ordenado», escribió a la regidora, que contestó con un «Ok».

«Onalia, tenemos que hablar. La Guardia Civil me ha dado la orden de habilitar el usuario. Si no lo hago incurriré en un delito de desobediencia judicial y pueden imputarme por obstrucción a la justicia», advirtió la jefa de Informática minutos después a la alcaldesa, sin recibir respuesta, tras haber comunicado a un sargento de la Guardia Civil la orden que había recibido. Quien sí le contestó, insistiéndole en que cumpliera la instrucción que le habían dado tanto él como Bueno, fue el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, quien sin embargo acabó reculando tras consultarlo con sus abogados. La defensa de la alcaldesa, representada por el prestigioso despacho de José Antonio Choclán, presentó un incidente de nulidad respecto a esa actuación que permitió el acceso remoto de la policía judicial al servidor municipal, al entender que se trataba de una investigación «indiscriminada» sobre expedientes sin vínculo con la causa.

La instrucción abierta por la presunta trama de compra de votos suma ya 10 investigados, además del partido político Ciuca. Junto a la alcaldesa, permanecen imputados dos concejales del grupo de gobierno (Mencey Navarro y Tania Alonso), el empresario Luis Oller y otros colaboradores del presunto pucherazo, entre ellos el arrepentido Ramón Trujillo, que ha pedido protección judicial frente a las presiones que dice estar sufriendo del entorno de Onalia Bueno. El juez Francisco Javier Ramírez de Verger retomará en octubre las declaraciones de los testigos que no pudieron comparecer en junio y la de los investigados en la causa.