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Ago 3, 2021

Otro de los expedientes que ha merecido la atención singularizada de los investigadores y la apertura de una pieza aparte tiene que ver con la contratación de los servicios veterinarios durante los mandatos de Onalia Bueno. Al mes de llegar a la Alcaldía, la líder de Ciuca despidió de manera improcedente (tuvo que indemnizarlo con más de 13.000 euros) a la persona a la que se le había adjudicado esta labor en el mandato anterior y comenzó a firmar contratos (la mayoría menores) con su actual asesor de Urbanismo, Raico Guerra, o con la empresa familiar que administraba, Arpiplan. En cinco años se embolsaron más de 276.000 euros. La Guardia Civil aprecia una «intencionalidad manifiesta» del gobierno de Ciuca para beneficiar económicamente a Guerra, fraccionando contratos con los mismos conceptos para evitar sacarlos a concurso público, incluyendo a una trabajadora o extrabajadora de la empresa adjudicataria entre las invitadas a un negociado sin publicidad o convocando de urgencia y con un plazo de tan solo diez días un proceso abierto.

El contratista único de servicios veterinarios del Ayuntamiento se presentó a las elecciones de 2019 en el número 12 de la plancha que encabezaba Onalia Bueno. No logró acta de concejal, pero la alcaldesa le encontró acomodo como asesor de Urbanismo con un sueldo de 32.500 euros anuales a pesar de los «limitados» conocimientos técnicos de Guerra, que tiene el título de EGB (Enseñanza General Básica) y que en la empresa Arpiplan, de la que dejó de ser administrador tras ser nombrado cargo de confianza, figuraba como auxiliar de veterinaria. Las sospechas de los investigadores se acrecentaron tras comprobar como, tan solo dos días antes de su designación, el Ayuntamiento firmó un contrato de asesoría externa de naturaleza urbanística con Jesús Romero Espeja, un arquitecto que ocupó el cargo de viceconsejería de Política Territorial en el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria). Una adjudicación que, a juicio de la policía judicial, también pudo ser irregular, al haberse fraccionado en dos contratos que superaban el límite fijado en la normativa.

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