El intermediario en ese proceso de mediación, Salvador Álvarez, es el funcionario que resultó más beneficiado de los nombramientos y subidas salariales que el gobierno local presidido por Onalia Bueno aprobó nada más llegar al poder. Unas designaciones e incrementos que, según otro de los informes de la Guardia Civil que han propiciado la apertura de una pieza separada de la investigación principal, tenían por objeto premiar, entre otros, a aquellos trabajadores públicos que habían colaborado en la campaña electoral de 2015 de Ciuca captando votos. A Álvarez, en concreto, se le recompensó con el puesto de coordinador general de cuatro áreas de gobierno y con un aumento del complemento específico de cerca de 30.000 euros anuales, una cantidad que equiparaba este plus al que cobra el interventor, el cargo que había ocupado de manera accidental años atrás ante la ausencia de funcionario con habilitación estatal.

Entre el grupo de ocho trabajadores públicos agraciados también se encontraba un primo de la alcaldesa, Francisco Javier Bueno, a quien el Ayuntamiento le incrementó el complemento salarial en dos ocasiones (primero sobre los 9.000 euros y después hasta superar los 14.000 anuales). La alcaldesa se ausentó en la votación, pero en el escrito en el que advertía de que incurría en causa de abstención manifestó que esos aumentos de los pluses a un familiar directo estaban «más que justificados». Esas subidas salariales fueron impugnadas por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y anuladas en los tribunales, sin que a la Guardia Civil le conste que las cantidades indebidamente cobradas hayan sido devueltas.