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” Moción de los Populares Teldense ” Para Garantizar la Libertad de Elección Educativa de las Familias “

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Telde, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución española de 1978 recoge simultáneamente el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación como derechos públicos subjetivos, con un claro objetivo de conciliar los principios constitucionales de libertad e igualdad.

En este sentido, el artículo 27.1 de la Carta Magna establece como precepto fundamental que “todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.

El derecho a la educación, o el derecho de todos a la educación, se configura bajo los diferentes preceptos de este artículo 27, entre los que se encuentra también el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (apartado 3); el derecho de las personas físicas y jurídicas a la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales (apartado 6); el derecho a que en la programación general de la enseñanza participen todos los sectores afectados (apartado 5); el derecho a que la enseñanza básica sea obligatoria y gratuita (apartado 4), y regula además, que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca (apartado 9).

La libertad de las familias para decidir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos son derechos que por tanto gozan de protección constitucional, tanto por la Carta Magna como por las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional.

El artículo 9 de la Constitución señala además que corresponde a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas”. En este sentido, una correcta y adecuada financiación es la que permite hacer efectivo el derecho a la libertad de enseñanza, en la que habrá de tenerse muy en cuenta la realidad de la demanda social, las necesidades de los más desfavorecidos con el fin de que la gratuidad total de la enseñanza básica sea independiente de la naturaleza jurídica pública o privada del centro en el que se reciba, permitiendo consolidar el derecho efectivo a la libertad de elección.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha reiterado que para el ejercicio de los derechos sancionados en el artículo 27 relativos a la libertad de enseñanza, el Estado debe financiar con fondos públicos a centros docentes distintos de los centros públicos. Y que, a través de este artículo 27, se garantiza el derecho de las familias a la elección real de centro docente, sin que esta elección pueda verse limitada o coartada por condiciones económicas.

Precisamente el preámbulo de la Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, define el sistema educativo en España como “un sistema de carácter mixto o dual, con un componente público mayoritario y uno privado de magnitud considerable”. Seguidamente se explica el marco educativo que configura la Constitución como “de compromiso y concordia que, al tiempo que reconoce implícitamente el sistema mixto heredado, proporciona el espacio normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones educativas”.

Por ello se instauró la figura del concierto educativo, en virtud del cual y mediante la financiación con fondos públicos de los centros privados que reúnan los requisitos señalados en la ley, las familias pueden optar no sólo entre los distintos centros públicos, sino también entre centros de iniciativa social distintos de los promovidos por los poderes públicos.

Por su parte, el artículo 10.2 de la Constitución Española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

En este sentido, el artículo 26.3 de la Declaración de Derechos Humanos establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y la Carta europea de los derechos fundamentales establece que: “se garantizan, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.

Pero también la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en el artículo 84, apartado 1, referido a la admisión de alumnos que “las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores”, apartado que no fue modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

Por tanto, debe garantizarse a las familias el derecho a elegir tanto centros de titularidad pública como los promovidos por la iniciativa social mediante una oferta que responda a la demanda de los padres, de modo que se configure una oferta plural de instituciones educativas. Porque no hay verdadera libertad si no existe una oferta educativa plural.

Por otro lado, debe observarse que la asignación obligatoria de alumnos a centros sostenidos con fondos públicos en razón exclusivamente del lugar de residencia, no sólo restringe ampliamente la libertad de elección, sino que tampoco asegura la equidad, porque precisamente diferencias de acceso a una educación de calidad se producen a través del factor lugar de residencia.

A pesar de la abundante normativa y jurisprudencia que califica el derecho a la educación y la libertad de enseñanza como derechos fundamentales, este último derecho pretende ser menoscabado por el Gobierno, enfrentando redes que son complementarias y creando alarma social entre las familias y la comunidad educativa, rompiendo el primer gran pacto educativo de nuestra democracia, el del respeto al sistema dual y complementario de enseñanza pública y concertada, consolidado por el artículo 27 de la Constitución.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo:

El Pleno de Telde insta al Gobierno a:

  1. Garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en nuestra Constitución, mediante un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.

  1. Garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos.

  1. Mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, en su redacción dada por la LOMCE, como factor determinante en el momento de la programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural en redes complementarias, pública y privada-concertada.

  1. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural y complementaria de la pública y por tanto de la libertad de elección de las familias y la igualdad de oportunidades en su ejercicio, dotando a todos los centros, públicos y privado-concertados, de los recursos necesarios para ello.

  1. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias, y que éstas puedan elegir libremente dichos centros.

  1. Garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como garantes de la libertad de elección de las familias.

  1. Adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad.

  1. Potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, sin perjuicio de los criterios de prioridad, en aras a garantizar la igualdad de oportunidades y una educación en equidad.

  1. Incluir en las estadísticas de Educación elaboradas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional indicadores de libertad en las políticas educativas y su evolución.

  1. Convocar, con carácter de urgencia, la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada prevista en el artículo 2 bis de la LOE.

Asimismo se aprueba dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Educación y Formación Profesional, a los Portavoces de los Grupos parlamentarios con representación en Congreso, Senado y Cámara autonómica, así como a la Junta de Gobierno de la FEMP y a los centros educativos concertados de nuestra comunidad.

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