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” Los prostíbulos tendrán que estar a más de 300 metros de los colegios “

Las viviendas donde se ejerce la prostitución no podrán estar a menos de 150 metros de distancia de unas a otras, y a no menos de 300 metros de colegios, según se desprende de una modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación que la Comisión de Desarrollo Sostenible impulsó este martes y que deberá ser refrendada en el próximo pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Este cambio se introduce como consecuencia de que el Gobierno de España, en 2012, y el de Canarias, en 2013, introdujeron las actividades de naturaleza sexual como actividades clasificadas, lo que les obligará a presentar un estudio de impacto ambiental si quieren ser regularizadas.

El decreto 86/2013 del Gobierno canario por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos determina «las condiciones que deben cumplir los locales destinados a las actividades de naturaleza sexual para minimizar los efectos perjudiciales que acarrea su ejercicio», según recoge la memoria de las modificaciones que redactaron los técnicos de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa).

Por eso, siguiendo el ejemplo de otros municipios como Barcelona o Bilbao, se establecen las citadas «limitaciones de distancia a centros docentes y de menores, distancia mínima entre establecimientos de la misma actividad, y además tendrá la condición de uso autorizable (es decir, será preceptivo previamente la elaboración de un estudio de incidencia ambiental)».

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, considera «indignante» que la normativa «sancione el tráfico de carne humana al dictaminar la actividad de naturaleza sexual como una actividad comercial» y lamenta que «se metan en este fregado y luego le pasen la pelota al Ayuntamiento». El edil aclara que hay que contemplarlo desde la perspectiva municipal porque esa es la ley.

La aplicación de la nueva norma puede generar problemas en algunas calles de Arenales por la proximidad de prostíbulos a colegios y, sobre todo, por el hecho de que hay zonas en las que las viviendas que albergan este tipo de actividad están frente por frente, con lo que no podrían permanecer como hasta ahora.

No obstante, el concejal de Urbanismo mantiene dudas sobre si la norma es de aplicación para realidades preexistentes. «Al que pida la regularización se le aplicará la nueva norma pero igual se hace como los talleres en las zonas residenciales», adelantó.

Por su parte, el portavoz del PP, Ángel Sabroso, destacó la necesidad de que el Ayuntamiento se aclare con este hecho porque no se puede generar un problema nuevo en Arenales. Además, lamentó que el grupo de gobierno no tuviera en cuenta a la Mesa de Convivencia y Prostitución, que funciona en Arenales desde hace dos años, para conocer su opinión al respecto.

Doreste respondió que «aún tenemos tiempo para hacer ajustes» y que ahora se abrirá un debate con los colectivos sociales.

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