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” Víctimas de cobros indebidos a mayores estudiarán denunciar por la vía penal ” Hay Antonio Morales …. “

Seis familias aguardan la resolución de sus recursos, tras la primera condena firme al Ayuntamiento, antes de plantear el caso de la residencia en la Fiscalía.

 

Familiares afectados por los cobros indebidos a personas dependientes en la residencia de mayores Villa de Agüimes, ya reconocidos en una primera condena firme dictada a principios de septiembre, estudiarán denunciar por la vía penal la práctica irregular del Ayuntamiento una vez resueltos los seis recursos contencioso-administrativos pendientes de sentencia en la Ciudad de la Justicia de la capital gran canaria, adelantó ayer Candelaria Pérez como primera denunciante, junto a su marido, del sobrecoste abonado entre principios de 2014 y mediados de 2016.

“Entendemos que alguien tiene ser responsable de todo esto porque robaban a mi suegra, el Ayuntamiento del señor Antonio Morales [alcalde de Agüimes hasta 2015 y presidente del Cabildo de Gran canaria desde entonces] se quedaba con el dinero de la Ley de dependencia”, argumentó la vecina de Valsequillo tras la difusión el pasado lunes de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 que obliga a la corporación municipal a devolver casi 30.000 euros a otra anciana residente por las cuotas excesivas cobradas durante dos años y medio. “Contenta” por el primer auto favorable del grupo pero cauta a la espera del fallo sobre su caso , Candelaria Pérez desveló que los familiares perjudicados ya acudieron ante la Fiscalía de Las Palmas, pero prefirieron recurrir primero a la vía contencioso-administrativa al considerar “más viable y segura para recuperar el dinero” ante un eventual archivo de la causa penal.

No obstante, “no nos mueve el dinero, sino el bienestar de las personas mayores dependientes que no pueden defenderse”, subrayó la demandante tras recordar el esfuerzo económico realizado por “gente normal y corriente”. Desempleada durante los últimos 18 años y madre de tres hijos, Candelaria Pérez recurrió junto a su marido, trabajador autónomo a bordo de un taxi, tras gastar los ahorros de su suegra, fallecida a los 98 años en noviembre de 2016, en los pagos mensuales de 1.200 euros durante más de un lustro por una plaza residencial beneficiada desde enero de 2014 por una subvención finalista.

“Es patente que las cantidades abonadas (…) lo eran por los servicios recibidos y que las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento estaban dirigidas a la financiación, de carácter finalista, de determinadas plazas ocupadas por personas identificadas por la propia corporación municipal, las cuales debieron ver minorada la aportación inicial exigida por las subvenciones que a esa plaza se destinaban y se destinan por el IASS y que percibió y percibe la administración municipal”, argumenta la sentencia del magistrado juez del Número 5, contra la que no cabe recurso alguno. También impone las costas procesales al Ayuntamiento de Agüimes e incluye como codemandados al Cabildo de Gran Canaria y al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), además de recordar a las administraciones implicadas que los “problemas de orden jurídico no se pueden repercutir al ciudadano sino que han de ser resueltos por aquellos a quienes compete, esto es, los poderes públicos”.

Aunque solo denunció la mitad ante los juzgados, los cobros indebidos a personas dependientes en la residencia de mayores Villa de Agüimes perjudicaron desde entonces y hasta mediados de 2016 a 13 familias usuarias del recurso sociosanitario, según coincidieron ayer en sus cálculos fuentes consultadas tanto en el propio Ayuntamiento como en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria. De acuerdo a la sentencia firmada por el magistrado-juez del Número 5 de la capital grancanaria, por tanto, el importe total de las facturas cobradas al colectivo damnificado ronda los 400.000 euros, aunque la cuantía definitiva puede oscilar por las menores estancias de algunos usuarios.

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