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” El P.P. exige una auditoría sobre otros ” atropellos ” en la residencia de Agüimes “

El Grupo Popular reclama una investigación externa al Cabildo de Gran Canaria.

 

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria instó este miércoles al presidente insular, Antonio Morales, a encargar una auditoría externa con el fin de investigar otros posibles “atropellos” a los usuarios de la residencia de mayores de Agüimes tras conocerse la primera sentencia que condena al Ayuntamiento a devolver casi 30.000 euros, con sus correspondientes intereses desde 2014, cobrados a una anciana dependiente pese a tener su plaza subvencionada.

El P.P. considera que la condena al Consistorio de Agüimes por unos hechos ocurridos cuando Antonio Morales era alcalde del municipio “es de tal gravedad como para que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) ponga en marcha de inmediato una investigación independiente al objeto de despejar cualquier duda sobre otras posibles ilegalidades en el cumplimiento del convenio de la Dependencia”, informó la formación política mediante una nota de prensa.

En este sentido, el PP entiende que el Cabildo debe aclarar además si el Consistorio, como reconoció la Consejería de Política Social tras una inspección realizada por el propio Cabildo, también obligó a algunos usuarios de la residencia a abonar el coste de los medicamentos a los que tenían derecho por ley, así como a sufragar la presencia de un médico en el centro.

“En respuesta a una pregunta del PP, la anterior consejera y presidenta del IASS, Elena Máñez, aseguró en mayo que su departamento había requerido al Ayuntamiento de Agüimes la devolución de las cantidades cobradas también indebidamente a los usuarios, pero a día de hoy seguimos sin saber a cuánto asciende esta cantidad y si el Consistorio ha procedido al reintegro del dinero”, explica la portavoz adjunta, Aurora del Rosario.

Para la consejera popular, “estamos ante una estafa doble, pues el Ayuntamiento de Morales no sólo cobraba casi 1.000 euros mensuales de más a grandes dependientes con la plaza subvencionada por la Ley de Dependencia, sino que también les exigían el pago de otros servicios que ya habían sido abonados por el Cabildo”.

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