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” Arucas ” El Foro Arucas Siglo XXI denuncia consultas públicas sin transparencias ni participación “

El Foro Arucas Siglo XXI informa  que a principios del   pasado año, el Area de Urbanismo ,inició procedimientos de CONSULTAS PUBLICAS, sin dar a conocer el contenido de las ordenanzas a modificar, atreviéndose a fijar plazos fechado en el mes de “agosto” del pasado año sin insertar textos en el portal de transparencia.

Sin el asesoramiento jurídico pertinente, traslada a la ciudadanía su necesario interés en aplicar una Ordenanza Municipal reguladora de licencias urbanísticas, de actuaciones comunicadas y de la habitabilidad de viviendas, que suplementaria a la  de otorgamientos de licencias urbanísticas, exigidas por el artículo 166 del texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de canarias y espacios naturales protegidos.

Por otra parte y con similar procedimiento que la anterior pretende  “modificar” LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS TERRAZAS DE VELADORES Y QUIOSCOS EN SUELO PÚBLICO , desconociendo el dictamen técnico y su propuestas que pudieren contradecir a la vigente “fiscal” ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR LA COLOCACIÓN DE MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Remachando su actuación gestora  da “borrón y cuenta nueva” a la “Ordenanza Reguladora de Publicidad Exterior” que datando del año 1984, se ignoraba su existencia al no estar publicada en el B.O. de la Provincia ni aplicarse en la actualidad

Procedimientos que incumplen lo dispuesto en el art. 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo que literalmente dispone que a pesar de hacer sido recurrida ante el Tribunal Constitucional declara no contrario que CON CARÁCTER PREVIO A LA ELABORACION DEL PROYECTO O ANTEPROYECTO DE LEY O DE REGALMENTO SE SUSTANCIARA UNA CONSULTA PUBLICA .

Añadiéndose que “Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

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