Es el elemento inicial y central de la investigación. En las elecciones de 2015, Ciuca desbancó de la Alcaldía de Mogán al Partido Popular (PP) tras obtener el 41% de los votos (3.035 sobre los 7.365 que acudieron a las urnas, el 67% de los 10.862 que se contabilizaban en el censo municipal). Obtuvo diez concejales, quedándose a uno de la mayoría absoluta y pactando con el PSOE (dos ediles) para arrebatar el bastón de mando al ahora denunciante Francisco González (PP), regidor en el municipio desde 2003 y mentor de la propia Onalia Bueno, a quien convirtió durante su primer mandato en su mano derecha en el Ayuntamiento. La actual alcaldesa dejó el PP en 2007 tras ser detenida e imputada por ocho delitos -entre ellos el electoral- en el denominado caso Góndola, archivado en 2018 tras once años de instrucción.

Bueno regresó a la política en 2011 de la mano de un partido, Ciuca, que hasta esa fecha solo estaba implantado en Telde, el segundo municipio más poblado de Gran Canaria. Antes de ganar sus primeras elecciones, pasó cuatro años en la oposición. En mayo de 2016, un año después de su victoria, la presunta compra de votos en Mogán saltaba a los medios nacionales. No eran las primeras sospechas de pucherazo en el municipio. Ya las había habido en 2007 y en 2011, en aquellas ocasiones con el PP como protagonista. Ramón Trujillo, apodado elPerraya, relató en televisión que había conseguido 70 votos para Ciuca entre vecinos moganeros con necesidades económicas a quienes se les pagaba entre 50 y 150 euros. Un año antes, el alcalde destronado, Francisco González, había presentado una denuncia que fue archivada casi de inmediato por la Guardia Civil de Mogán. Un colaborador de Ciuca en esos comicios, José Monzón, Pepe el Japonés, relataba en una grabación aportada a la causa que la alcaldesa se había aprovechado de su amistad con el capitán del instituto armado en el municipio para que investigara al PP y no a Ciuca por el presunto pucherazo en los comicios de 2015.

Tres votantes también confesaron en esa segunda fase de la investigación, tras el sobreseimiento provisional, que recibieron dinero a cambio de votar a Ciuca. Meses después, Canarias Ahora difundía una grabación en la que José Monzón, en conversación con el exalcalde Francisco González, admitía que había conseguido más de 380 papeletas para la formación de Onalia Bueno ofreciendo 50 euros a los vecinos. Incluso relataba que se les acompañaba a la comisaría a renovar los DNI o que se les compraba hasta con clases de kárate. Otros testimonios apuntan que las contraprestaciones iban más allá e incluían también promesas de empleo público, de ayudas sociales o de vivienda. «Se han pagado operaciones, gafas, luz, agua, a mucha gente neveras…», añadía recientemente Ramón Trujillo en la entrevista en Cope Canarias en la que denunciaba estar sufriendo las presiones por parte del entorno de Bueno.

Los testimonios y grabaciones sobre las elecciones de 2015 ya apuntaban al voto por correo como un elemento crucial del pucherazo. El número de sufragios por esta vía prácticamente se triplicó tanto de 2011 a 2015 (191 frente a 558) como de 2015 a 2019 (de 558 a 1.494). Los investigadores constataron la existencia de varias remesas de papeletas electorales que se depositaron en determinadas oficinas de Correos de Las Palmas de Gran Canaria. En uno de los audios, Monzón, uno de los responsables de la campaña del partido, explicaba que la trama tenía colaboradores en esas oficinas. Esas remesas concordaban con el modo de operar descrito en las grabaciones y por uno de los denunciantes, Ramón Trujillo. La organización captaba a los vecinos, los llevaba a la sede de Ciuca, tramitaba el voto por correo, se aseguraba de que el voto que se introducía en el sobre iba para el partido y pagaba lo acordado.

En mayo de 2019, en plena campaña electoral, aparece un nuevo indicio. Otra grabación mostraba cómo manipulaba el voto por correo la alcaldesa. «Lo importante es que cuando el sobre llegue a la casa te llamen y no lo abran, para yo decirte cómo es el rollo», le explicaba a un colaborador. «Tú tienes los DNI… y yo te mando a una persona para que te haga todo de una sentada…», añadía Bueno, que en esos comicios se presentó en alianza con Coalición Canaria.

Esta pieza principal también investiga la presunta financiación ilegal de Ciuca. La policía judicial señala a un empresario con intereses económicos en Mogán, Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín, una de las explotadoras del servicio de abastecimiento de agua en el municipio. Las pesquisas policiales descubrieron la existencia de cheques por un valor total de más de 14.000 euros que Oller habría emitido para financiar la campaña y, más en concreto, la compra de votos. Para ello utilizaba a un intermediario, Salvador Álvarez, un funcionario del Ayuntamiento que colaboró con el partido de Bueno en la campaña electoral de 2015 y que posteriormente fue nombrado por la regidora coordinador general de cuatro áreas de gobierno. «Ese dio más de 40 millones (de pesetas). Por eso esta ahora le dio el agua», le dice en una de las grabaciones que obran en la causa José Monzón, ‘Pepe el Japonés’, al ex alcalde a propósito de Oller.

Francisco González (PP) explicó a la Guardia Civil cuál era la supuesta motivación del empresario para tratar de aupar al poder municipal a Ciuca. El exregidor relató que un año antes de las elecciones de 2015 había iniciado el proceso de municipalización de agua en Mogán, una medida que le ocasionaba un perjuicio económico a Aguas de Arguineguín, que explotaba -y lo sigue haciendo- el servicio en determinadas zonas de la localidad turística.